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Antonio Attolini Murra
La nueva Presidenta de la Suprema Corte de Justicia no es Yasmin Esquivel. Quien suponía que la ministra cargaba con la venia y el apoyo del poder político quedó expuesto como un charlatán, dado que no solo no quedó como presidenta, sino que además estuvo lejos de lograrlo.
Como también ha estado lejos de lograr convencer al gran público de que la tesis con la que se tituló de derecho es propia y de su original autoría, pese a su convicción militar de defenderla por casi ya dos semanas seguidas.
Pobre y sesgado como es nuestro debate público, la prensa corporativa enrarece el ambiente poniendo por delante la controversia académica de una ministra -quien tampoco ayudó en nada con su pobre y torpe defensa- para así ocultar lo que realmente estaba pasando: la disputa política de un supremo poder de la unión.
Quien ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es también quien preside el Consejo de la Judicatura Federal, una particularidad de la división de poderes de nuestra república. Las facultades y atribuciones
de la presidencia de la SCJN languidecen como una mera formalidad protocolaria comparadas con los alcances que tiene la presidencia del CJF, órgano encargado de la administración, vigilancia y sanción de los funcionarios de carrera judicial en todo el país.
Poco se habló de cómo un ministro que fungió como director del SAT en las administraciones neoliberales pasadas y que condonó un total de 100 mil millones de pesos en impuestos a la oligarquía durante ese periodo, estuvo a punto de lograr ocupar dicha posición. El ministro Alfredo Gutierrez Ortiz Mena era el candidato de la mafia del poder.
