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Sebastián Ramírez Mendoza
Las campañas de desinformación contra nuestro movimiento son ya un clásico conocido por todas y todos, sin embargo, hay una que merece especial atención. En los últimos ,días mucho se habla sobre el Plan General de Desarrollo y el Plan General de Ordenamiento Territorial, documentos que, por ley, deben ser elaborados por nuestro Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para posteriormente someterse a consulta.
Al respecto, se han difundido una serie de mentiras absurdas que tratan de instalar la narrativa de que las 45 mil hectáreas de nuestro suelo de conservación se privatizarán, que se despojará a miles de personas y que prácticamente se cometerá un ecocidio, lo cual es completamente falso.
Si algo caracteriza el proyecto de ciudad de la Jefa de Gobierno, es su política ambiental, de la mano de la lucha por los derechos de los pueblos originarios, y para muestra, un botón: a pesar de que ocupa casi la mitad del territorio de nuestra ciudad, el gobierno anterior destinaba 200 millones de pesos anuales al suelo de conservación. Este gobierno, ha destinado más de mil millones de pesos desde su llegada hace 4 años a la fecha.
Son apoyos directos al campo y a los productores, así como a los compañeros brigadistas que se encargan de proteger este territorio, porque su bienestar también importa.
Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se ha detenido la tala clandestina, y este año se llegará a diez millones de plantas y árboles sembrados en el suelo de conservación como parte del reto verde.
No puede haber política ambiental sin justicia social, y no puede existir derecho a la ciudad si no incluye a nuestros pueblos originarios. Como siempre ha sostenido la jefa de Gobierno, proteger el suelo de conservación es proteger nuestra cultura e historia. El suelo de conservación no se privatizará.
