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Sebastián Ramírez Mendoza
No es un secreto que en la alcaldía Benito Juárez, se ha constituido desde hace más de una década lo que hoy conocemos como el Cártel Inmobiliario. Esta agrupación de funcionarios panistas se ha beneficiado
económicamente de intercambios y favores con desarrollos inmobiliarios irregulares al amparo del encargo que ocupan.
Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya ha detenido a dos exfuncionarios de la alcaldía implicados en estos casos de corrupción. En este sentido, el panismo en la capital ha tratado de lavarse las manos argumentando que se trata de un tema de persecución política, sin embargo, no podemos perder de vista que los señalamientos de corrupción los han encabezado los propios vecinos de la
demarcación desde 2009.
Ante esto, hace un par de meses el gobierno de la ciudad creó un centro de atención a víctimas de la corrupción inmobiliaria, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en donde cientos de vecinos han denunciado la falta de certeza jurídica derivada de la adquisición de inmuebles plagados por la corrupción de la alcaldía, en contubernio con las empresas desarrolladoras, pues no pueden a la fecha
comprobar la propiedad de sus viviendas.
Y esto no es lo más grave, a las y los capitalinos no se nos olvidan todas las vidas que se perdieron durante el sismo del 2017 en edificaciones irregulares prácticamente nuevas en varias colonias de la alcaldía,
como fue el caso de Zapata 56.
Hoy que muchos personajes del PAN, como Santiago Taboada, han manifestado sus aspiraciones a gobernar la capital, no podemos dejar de exigir que se deslinden responsabilidades a todos los que malgobernaron y malgobiernan la alcaldía a costa de la tranquilidad, el patrimonio, e incluso las vidas de tantas personas.
