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Abraham Mendieta
Es sorprendente el recelo y la agresividad que ha desatado en ciertos sectores conservadores la propuesta de Reforma Político-Electoral para reducir el
financiamiento de los partidos políticos, hacer más eficientes y reducidos el número de cargos de representación popular, y modernizar el instituto electoral para adaptarlo a la nueva realidad del país.
La estrategia inmovilista, que busca que nada cambie, está impulsada por la propia dirigencia del INE, como si de un partido político se tratara, gasta recursos públicos en una campaña para defenderse, como si fueran el último reducto que cuida la democracia.
Tan así, que el propio INE promovió el levantamiento de una encuesta para conocer qué porcentaje de la población estaba de acuerdo con las principales propuestas de la Reforma Electoral, y así concentrar su estrategia de golpeteo en los aspectos menos populares de esta.
Tremenda fue su sorpresa cuando descubrieron que más del 50% estaba de acuerdo con absolutamente todas las propuestas del presidente López Obrador
para esta reforma, e incluso cerca de un 80% estaba de acuerdo con la elección por voto popular de consejeros y magistrados electorales, y hasta un 90%, con la reducción del dinero público que flota en la política.
Pudiendo haber compartido esta información, el INE decidió que era mejor no publicar la encuesta, en la que un 52% estaban de acuerdo con la sustitución del instituto por uno diferente, y decidieron, violando incluso las leyes de transparencia, esconderla para no entregarla al diputado tabasqueño Mario Llergo, representante de Morena ante el INE.
¿A qué le tema el INE? ¿Por qué se oponen a que la ciudadanía cuente con una nueva herramienta creíble para atender las elecciones y las consultas?
