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Abraham Mendieta.
Desde la absurda guerra contra el narco, declarada a finales de 2006 para intentar legitimar la Presidencia fraudulenta de Felipe Calderón, el problema de seguridad en México, y en particular, la cifra de homicidios, escaló vertiginosamente hasta convertirse en el principal laberinto público del país. La estrategia fallida de los gobiernos anteriores, aunada a la falta de oportunidades económicas y sociales de una amplia mayoría de los sectores populares, fue el caldo de cultivo perfecto para que la vorágine de la violencia no encontrara jamás un techo.
Desde que López Obrador llegó al gobierno, y la Guardia Nacional comenzó a funcionar, las cifras de violencia se estabilizaron, dejando de crecer al ritmo anterior, y desde el pasado año, comenzaron a mermar, descendiendo los homicidios en más de un 10%, cifra que da una buena señal, pero que es insuficiente, y sigue colocando a México como el país con más ciudades violentas del mundo.
Los programas sociales comenzaron a generar un efecto de pacificación y, la Guardia Nacional, se ganó la confianza de la mayoría del pueblo de México. Para profundizar esta estrategia, la iniciativa para la permanencia de la Guardia Nacional con el acompañamiento de SEDENA generó un amplio acuerdo social que hoy debe ser ratificado en los congresos locales.
Y no sorprende que algunos gobernadores se molesten por el diálogo público que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está teniendo con los diputados locales, porque ciertos titulares de los ejecutivos locales creen, prácticamente, que estos legisladores son de su propiedad y que sólo se puede acordar con ellos en lo oscurito y con su permiso.
Más allá de enojos, este ejercicio de diálogo no tiene precedentes, y afianza el camino a una estrategia de seguridad en la que todos los órdenes de gobierno, del legislativo y de la sociedad se involucren.
