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Sebastián Ramírez Mendoza
Antes, en la Ciudad de México, unos cuantos niños y niñas recibían una beca que llamaban Niños talento, en función de su promedio académico. Cuando inició la administración actual, la jefa de gobierno puso en marcha el programa Mi Beca para Empezar, bajo la premisa de que todos son, no solo talentosos, sino merecedores de una beca que garantice su derecho a la educación.
Acompañada de otros programas como Mejor Escuela y los apoyos semestrales para uniformes y útiles escolares, a la fecha hay más de 1 millón 200 mil niñas y niños capitalinos que benefician a la economía de sus familias con estas becas a través
de una inversión histórica de 5 mil 700 millones de pesos por parte del gobierno de la Ciudad de México.
En vista de los buenos resultados, en enero de este año la Doctora Sheinbaum envió al congreso local una iniciativa para elevar a rango constitucional estos programas, y de esta forma garantizar que, en el futuro, sin importar quien llegue al gobierno, las y los estudiantes de las escuelas públicas sigan recibiéndolos.
Han pasado más de 9 meses desde que se presentó esta iniciativa y la bancada panista abiertamente ha mostrado resistencia a su aprobación a pesar del enorme avance que representa en materia de educación y derechos humanos. En este sentido, es importante que las diputadas y diputados de Acción Nacional no olviden su mandato constitucional y el compromiso que tienen con su electorado y con las familias de la Ciudad de México, pues hoy tienen una oportunidad para demostrarle al pueblo en dónde se sitúan como partido: si del lado de las causas justas, o del lado de los intereses cupulares.
A nosotros, como sociedad civil, nos toca exigirles a nuestros representantes la protección constitucional de estas becas que se traducen en justicia social para nuestras niñas y niños.
