13 lecturas
Ricardo Sevilla
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevan días discutiendo el (polémico) tema de la Prisión Preventiva Oficiosa.
En la prensa neoliberal dicen, gritan y se desgañitan, alegando que es violatoria de derechos humanos y de la Constitución.
El ministro Luis María Aguilar, con una vehemencia inusitada, ha pedido que desaparezca. Pero ¿quién es Luis María Aguilar Morales, que con tanto ímpetu ha pedido que prescriba esta medida? De entrada, es un juez que fue propuesto y avalado, nada más y nada menos, que por Felipe Calderón para suplir a Mariano Azuela Güitrón. En los pasillos de la SCJN sostienen que, justo por eso, la lealtad de Aguilar Morales está del lado del expresidente panista a quien tanto le gusta el alcohol.
Eso, por una parte. Por otro lado, hace tiempo se dio a conocer que, durante la gestión de Aguilar Morales al frente del Poder Judicial
Federal (2015-2019), se vendieron exámenes para acceder a cargos de jueces federales.
Estos magistrados, de acuerdo con distintas informaciones periodísticas, fueron los encargados de operar una red de corrupción
que se dedicó a cumplimentar oscuras tareas en los tribunales. En tal caso, el líder habría sido el magistrado Jorge Arturo Camero
Ocampo, quien, en junio de 2020, murió de cáncer de páncreas, pero que, a raíz de estos señalamientos, había sido suspendido el 10 de octubre de 2019.
El argumento oficial, como quiera, dijo que se había debido a supuestas inconsistencias en sus finanzas. ¿Y sabe qué hizo de Aguilar Morales? Guardar silencio y tolerar sus corruptelas.
Durante la gestión del ministro que, hasta ahora no entendemos por qué, desea que desaparezca la Prisión Preventiva Oficiosa
se licitaron contratos a modo de telefonía a un sobre precio que, hasta hoy, no ha podido ser aclarado. Y él es, en trazos generales, el
magistrado que ahora quiere darse aires de hombre íntegro.
