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Salvador Guerrero Chiprés
Era un secreto a voces que el boom inmobiliario experimentado a mediados de la década pasada en algunas alcaldías incluía entramados de corrupción. Viejas casonas que de pronto cedían su espacio para la
construcción de complejos habitacionales de siete, ocho o más pisos en clara violación a la norma levantaban sospechas.
Las primeras alertas llegaron con el sismo de septiembre de 2017. Un inmueble ubicado en Zapata 56, en la alcaldía Benito Juárez, se derrumbó a nueve meses de haber sido inaugurado. Y en abril del año
pasado, la explosión por acumulación de gas en un edificio de la colonia Del Valle fue el comienzo de una investigación en la que la Fiscalía General de Justicia, encabezada por Ernestina Godoy, ha señalado a ex
funcionarios de esa demarcación.
El esquema de enriquecimiento, revelado esta semana como un modus operandi por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, involucra a Luis Vizcaíno, director Jurídico y Gobierno
de 2009 a 2016, ya detenido, y a Nicias René Aridjis, director general de Obras y Desarrollo Urbano de 2006 a 2018, quien es buscado. Las investigaciones apuntan a que estos funcionarios recibieron departamentos por parte de los desarrolladores, a quienes incluso habrían extorsionado a cambio de otorgarles permisos de construcción.
Una operación invisible durante la construcción de complejos muy visibles.
Hoy, la capital nacional experimenta otro boom: el de la actuación de las áreas responsables de garantizar seguridad y procurar justicia, en una estrategia supervisada desde el Ejecutivo local que evidencia combate a todo aquello fuera de la ley. Sin ella, no se podría explicar la histórica reducción en la incidencia delictiva de entre el 59 y el 65 por ciento en todos los delitos de alto impacto. La corrupción inmobiliaria no se escapa.
