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Clase Política | Miguel Ángel Rivera
Fue necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador condenara la violencia en las protestas con pretexto de la desaparición de 43 normalistas para que la “independiente” Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomara conciencia de cuál debe ser su función en este lamentable caso y dejara de actuar sólo como defensora de quienes han hecho un negocio de “tomar” casetas de peaje y recurren a la violencia para defender su supuesto derecho a apropiarse de las cuotas de los automovilistas.
La CNDH, encabezada por la activista y militante de Morena Rosario Piedra Ibarra enmendó el camino al lanzar un llamado al diálogo, a fin de tratar de llegar a acuerdos para que se respeten los derechos de quienes ejercen la protesta social, así como de los servidores públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana, pero sobre todo para buscar soluciones de fondo.
Parece un giro positivo, pero sería mejor que la Comisión viera un poco al pasado a su propio interior, pues cuando la encabezaba el jurista Luis Raúl González Pérez hizo lo que para muchos especialistas el mejor análisis de los lamentables sucesos de Iguala e hizo recomendaciones que no se han cumplido hasta ahora, por lo que sería recomendable retomar ese camino.
La impunidad, factor que favorece a delincuentes “Vivimos en un país sitiado por la violencia, los delincuentes se sienten confiados del clima de impunidad y somos los ciudadanos quienes pagamos las consecuencias”, denunció la organización Alto al Secuestro, al dar su reporte periódico acerca del crecimiento de ese grave delito, pero que también aprovecha para analizar otros aspectos de la violencia que afecta a todo el país.
Alto al Secuestro, presidido por Isabel Miranda de Wallace, citó un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según el cual, en 2020 se cometieron 27.6 millones de delitos en todo el país. De ellos, sólo 1,841,188 fueron integrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación y de éstas apenas el 9% llega al conocimiento de un juez en una causa penal. Aún más grave es que de ese 9%, sólo del 1.6% se obtiene sentencia condenatoria.
En otras palabras, agrega Alto al Secuestro, “si comparamos el total de sentencias condenatorias en 2020 (2,760) con el total de delitos cometidos enese mismo año (27.6 millones), sólo en 0.01% hubo sanción para quien cometió el delito.
Enseguida advierte que, “en este clima de impunidad”, el día de mañana (hoy) se discutirá en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo en revisión 315/2021, relativo a un caso de secuestro exprés, en el que se busca que se determine como procedente el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo 19 constitucional, por una medida cautelar que permita llevar su proceso en libertad; “esto por el simple hecho de haber transcurrido el plazo de dos años sujeto a prisión preventiva como lo señala la Constitución, con el riesgo que conlleva de fuga de quien cometió el delito”.
Ebrard trata de demostrar el don de la ubicuidad además de las responsabilidades propias de su cargo como secretario de Relaciones Exteriores, el ex jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard se ha distinguido por cumplir tareas especiales encomendadas por presidente AMLO . Si lo realizado hasta ahora no fuese suficiente, ahora anuncia que también intervendrá en un programa de mejoramiento del transporte público, orientado a tener menos contaminantes.
