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Ciudad de México.- Ante la prohibición de bolsas de plástico en tiendas comerciales, las oportunidades y derechos laborales de los adultos mayores que prestan el servicio como empacadores se ven mermados y su condición de trabajadores está en el limbo.
Por ello, los diputados Gabriela Salido Magos, Vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Héctor Barrera solicitaron a los titulares del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, ambos de la CDMX, establecer medidas y acciones para vincular a los adultos mayores con el sector productivo.
“Es labor de las autoridades el garantizar que todas las personas, principalmente aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, como son las personas adultas mayores tengan una vida digna y se respeten sus derechos humanos y laborales”, explicó el diputado Héctor Barrera a nombre de la legisladora panista.
Consideró que la prohibición de bolsas de plástico representa un paso en materia ambiental rumbo a la consecución de la Agenda 2030.
“Sin embargo, no podemos perder de vista que la sostenibilidad atiende múltiples criterios, como económicos y sociales, a fin de garantizar de manera integral la preservación de la vida y las sociedades”.
Agregó que los problemas que a diario enfrentan los adultos mayores que se dedican a esta labor como empacadores es que no tienen garantizadas condiciones dignas ni derechos laborales básicos, por tratarse de una labor voluntaria.
Lo anterior, se ve más agravado por la entrada en vigor del Decreto por el que se adicionan y reforman disposiciones en materia de uso de plásticos, en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.
Por esta razón, las personas adultas mayores que se dedicaban a empacar están en riesgo de verse privadas de esta fuente de ingresos extraordinaria.
En un principio, estos empacadores eran adolescentes uniformados y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y el entonces Gobierno del distrito Federal, firmaron un convenio para la protección de los menores empacadores, ya que se tenía registro de al menos 75 mil menores trabajando en ese rubro, y era necesario atender las condiciones legales del desempeño de ese trabajo, así como la protección y garantía de sus derechos.
