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Fue en el siglo XXI, en el cambio de partido (dicen que de régimen) cuando el Congreso de la Ciudad de México finalmente propone penas mayores de prisión a los perpetradores de feminicidios, de 30 a 70 años de castigo a todo aquel que cometa el máximo atentado contra una mujer, siendo éste el delito más castigado del Código Penal local.
Se conjugan varias causas o voluntades que llevan a esta legislatura a empujar esta deuda con la sociedad de considerar al feminicidio como el delito más grave, obedeciendo a las cifras que han alarmado a la capital del país.
En los números reportados por este diario, se apuntan algunas de las alcaldías como foco rojo en este crimen que se ha simbolizado en cruces rosas, como Tlalpan y AO.
En los datos, los expertos nos confirman que a nivel federal se destinaron más recursos al Instituto Nacional de las Mujeres con el presente Gobierno, y en la capital, se hizo el cambio de instituto a Secretaría de las Mujeres.
El efecto paritario de la 4T podría significar la máxima pena para violadores y agresores de mujeres.
