Visitas
Ciudad de México.- Del 2015 a 2018 la población que vive en la calle o en albergues de la Ciudad de México se incrementó 55 por ciento según, cifras presentadas por el Gobierno local a pesar de existir un marco jurídico que ampara sus derechos.
El Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018 arrojó que 4 mil 354 residen en la calle y 2 mil 400 en albergues públicos y privados, lo cual da un total de 6 mil 754 integrantes de la población callejera, y más de la mitad que contestó dicho censo no son originarios de la Ciudad.
“La población en situación de calle tiene como principal necesidad la capacitación para el empleo y el trámite de documentos de identidad”, subrayó.
Por ello, las autoridades capitalinas y los titulares de las 16 Alcaldías deben atender a las personas que viven en situación de calle de acuerdo al Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México.
La diputada de Morena, Leticia Estrada Hernández
pidió a 27 instituciones de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías favorecer el reconocimiento, respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos humanos de ese sector de la población.
Dijo que se debe solicitar al Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a las 16 alcaldías y a los entes corresponsables para que rindan un informe actualizado, detallado y puntualizado de las acciones, avances y resultados del Protocolo Interinstitucional.
También solicitó al Coordinador del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México y al IASIS que emitan el Manual Especifico de operación del Grupo Interinstitucional de Trabajo y los Indicadores de Evaluación y Seguimiento del Protocolo de Atención.
Además, que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México remita al Congreso la evaluación del Protocolo Interinstitucional de 2017 a 2018.
