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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, MÉXICO HA SUFRIDO DE UNA PÉRDIDA SEVERA EN SU COMPETITIVIDAD debido al efecto acumulativo de rigurosas regulaciones que desincentivan la formalidad, la productividad, y a su vez, el bienestar social. En mayo de este año, a propuesta del Ejecutivo Federal, se aprobó y publicó la Ley General de Mejora Regulatoria, donde se prevé la implementación de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que generará normas claras, trámites y servicios simplificados, así como instituciones eficaces; sin embargo, y a pesar de su importancia, hasta el momento no ha sido implementado.
Según el World Economic Forum, ocupamos el lugar número 51 de 137 países en términos de competitividad, detrás de países menos desarrollados como Panamá y Costa Rica. Asimismo, según el último reporte del World Competitiveness Center, bajamos de la posición número 48 a la 51, entre 63 países.
El objeto de la mejora regulatoria es la simplificación de trámites gubernamentales y estimular la eficiencia y la productividad, al mismo tiempo de reducir la inconformidad de los ciudadanos. La eficiencia administrativa requiere del compromiso del más alto nivel del gobierno, no es un asunto exclusivo del Presidente, sino también de gobernadores y alcaldes y la Ley de Mejora Regulatoria es la guía para alcanzarla. Sin embargo, el tiempo sigue, y los hitos que se establecieron están por cumplirse, llegando justo en la transición de gobierno.
Por ello, consideré imperante presentar un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para la conformación de una Comisión Especial que dé seguimiento a la implementación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que impulse la participación activa de todos los sectores y establezca una agenda integral. Insisto, no es un tema menor asegurar la eficacia del Estado Mexicano, y en esta tarea debemos participar todos: gobierno, ciudadanía y sectores productivos.
