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Treinta y tres años transcurridos desde los sismos devastadores de 1985 y el primer aniversario de los de 2017, hace apenas doce meses, con un hilo conductor entre los dramas: la negligencia ominosa de las fuerzas gubernamentales, con reacciones tardías primero y con negligencia criminal después respecto a los miles de damnificados, en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y hasta Tabasco. Pegaron duro y resistimos; lo mismo hubiese sucedido sin gobierno, digamos con la anarquía como guía porque, hasta la fecha, quedan huellas de lo ocurrido hace más de tres décadas y los oficiosos rastreadores de horrores siguen buscando los fondos destinados a quienes lo perdieron todo, en miles de casos hasta las vidas.
Recordamos pero seguimos viviendo en un presente ominoso. Desde 2011 comenzaron a “descubrirse” las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, después de un año de la masacre, en ese mismo lugar, que costó la vida de setenta y dos migrantes sin mayores explicaciones oficiales salvo el consabido “llegaremos al fondo” que ni remotamente se toca. Por supuesto, quienes se avocaron a resolver supuestamente los crímenes de lesa humanidad nunca se toparon con los infectos agujeros donde se depositaron los cadáveres. Sólo que les fallaron los cálculos: se encontraron restos de 193 personas en 47 fosas. El negocio de la muerte –de emigrantes desesperados y sin derechos–, se les salió de las manos.
Tamaulipas sigue siendo un narco-estado –muy a pesar de lo que diga el descastado Egidio Torre Cantú quien no fue capaz, siquiera, de poner la menor voluntad para tratar de resolver el misterio prevaleciente sobre el asesinato de su hermano que le permitió al primero escalar el poder sin obstáculos–. Y hoy ni quien le finque responsabilidades en una evidente alianza entre Francisco García Cabeza de Vaca, el panista tránsfuga con antecedentes penales en los Estados Unidos, concretamente en Laredo, donde fue fichado por robarse automóviles hace tres décadas.
Y seguimos con otras entidades igualmente dominadas por los grandes capos: Guerrero, Michoacán –desde donde el insolente Fausto Vallejo Figueroa lanzó querellas por daño moral que le rebotaron por falsario y pretenso ofensor de la libre expresión–, Veracruz –bajo el padrinazgo de los últimos tres gobernadores, pero sobre todo el más reciente–, Morelos y Oaxaca, entre otras. ¿No es éste un verdadero terrorismo de Estado auspiciado para esconder complicidades mayores y dar cauces a gobiernos preñados por los grandes capos?
No es casualidad que se demuestre que algunos mandatarios, como el saliente de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, hayan ocultado, sin ninguna justificación, la ubicación de varias fosas para evitar, según dice, nuevos escándalos que pudieran estallarles a los mandatarios provenientes del PAN, curiosamente, en la línea azul de la geografía patria que va tiñéndose del rojo de la sangre derramada. Salvo Guerrero, las entidades más afectadas han estado o están gobernadas por Acción Nacional. Ojo con esto. ¿Tal fue el precio para asegurarse victorias electorales con un PRI devastado por el peñismo o la continuidad panista en el poder?
El asunto es por demás delicado. Pero es necesario comenzar a abrir las carpetas.
