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Apenas se designó a Luis Donaldo Colosio candidato del PRI a la Presidencia en noviembre de 1993, el ex mandatario luis echeverría, desde su heredad de San Jerónimo y ante un apretado grupo de contertulios variopintos –un empresario, un político y un escritor entre otros–, se permitió una reflexión sobre el pasado y el futuro del país:
–La verdadera dimensión de un político –expresó sin requiebros en la voz–, la otorga el ejercicio del poder. Sólo entonces podemos medirlo.
Él mismo confesaba, aunque no fuese esa su intención, las limitantes que debió asimilar durante el largo preámbulo a la nominación esperada. Más todavía cuando quien le señaló pasó a la historia como uno de los personajes más autoritarios de la segunda mitad del siglo XX: gustavo díaz ordaz. Es fama que éste no dejaba ni respirar a sus colaboradores en su presencia y a algunos los trataba francamente mal, desdeñoso y mordaz. Quizá por eso Echeverría agregó sobre el perfil del nuevo abanderado del entonces partido invencible:
–Se parece a mí. Ha sido muy discreto como secretario de Estado. Ya tendrá tiempo para hablar.
¡Y lo decía quien se había caracterizado por su irrefrenable locuacidad! El horizonte, dada esta condición, no resultaba nada halagüeño y no teníamos, al alcance cuando menos, refugio alguno.
De acuerdo al modelo presidencialista, estructurado por la Carta Magna para legitimar y aglutinar la representación del Estado y el ejercicio del gobierno en una sola voluntad, son escasas las salidas de la sociedad ante los excesos de quien desempeña la titularidad del Ejecutivo. No hay recursos jurídicos válidos, aunque técnicamente existan, ante la constancia de impunidad que delinea el cauce del sistema político mexicano. De esta forma, las querellas contra los mandatarios, lo mismo ayer y hoy, no dejan de ser pasajes anecdóticos anclados en la ironía popular. Hay mofa, no justicia aun cuando la descalificación colectiva sentencie a los predadores.
Pongamos ejemplos. Al propio echeverría, señalado como genocida por su intervención en la matanza de Tlatelolco, se le procesó sin alcanzar castigo por razones de edad y consideraciones políticas que determinaron el uso electoral del caso –en vísperas de los comicios de 2006– para luego zanjarlo sin el menor rubor. Esto es: se aprovechó el escándalo para escarnecer a los herederos del priísmo presidencialista y después se bajaron las cortinas con el propósito de no interrumpir la continuidad sustentada con el aval de los viejos aliados del establishment perfectamente reacomodados después de la primera alternancia.
También josé lópez portillo fue denunciado, por peculado, bajo el alegato de haber hecho uso incorrecto de los empréstitos signados bajo su mandato puesto que no había constancia alguna de haber sido destinados a “causas de utilidad pública” como reza el ordenamiento superior. El maestro Ignacio Burgoa Orihuela, cuya presencia se añora, instrumentó la querella, armada sin el menor resquicio visceral y con apego a derecho del que fue él uno de sus mayores especialistas, sin que se le diera continuidad a la misma. El presidencialismo, sencillamente, obró para desdeñar el asunto y archivarlo sin la menor intención de proceder legalmente. Primero la consigna; después la ley y quienes están destinados, supuestamente, a aplicarla.
