Visitas
La multa de 13.9 millones de pesos aplicada por ASEA a la empresa que desmontó el terreno de 300 hectáreas para la refinería demuestra que la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, mintió al Presidente y a todo el país, señalaron ambientalistas.
En entrevista con Grupo Cantón, el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Gustavo Alanís Ortega, dijo que lo sucedido está tipificado como un delito ambiental por el Código Penal Federal.
“Teníamos la razón, por ahí tuvimos a Nahle faltando a la verdad sistemáticamente, porque dijo que sí habían permisos de impacto ambiental, lo cual ya se demostró que no era cierto”, indicó.
“Dijo también (la secretaria de Energía) que no había manglar y ya se comprobó que sí había, por lo que esta sanción impuesta por la ASEA manda un mensaje a los funcionarios, a los secretarios, para que se conduzcan con apego a la verdad y a la ley”.
La empresa que recibió la multa se denomina SCCA, que presuntamente fue contratada por Pemex, y desde septiembre de 2018 inició los trabajos de limpieza del predio, junto al puerto, donde arrasó con cocoteros, árboles de mango, así como con una importante franja de manglares.
Alanís destacó que “la multa puede ser pequeña o grande, pero lo importante es que se demostró que no tienen las autorizaciones ni de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales”.
“Eso manda el mensaje que si en efecto quisieran hacer el proyecto tendrían que ir por donde marca la ley, que es obtener la autorización en materia de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Ya la ASEA marcó el camino de hacia dónde tienen que ir”.
Recordó que hay otros proyectos, como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, que tienen que pasar por procedimientos de esta naturaleza.
