Visitas
El Atleta – David E. León Romero/Grupo Cantón
México, frente a la crisis que presenta su sector energético, se encuentra en la búsqueda de soluciones y estrategias que le permitan detener la caída en la producción petrolera, y posteriormente lo faculten para incrementarla. Para algún sector, el fracking o fracturación hidráulica es una de ellas.
Entre los materiales que componen el subsuelo de algunas regiones de nuestro país, existen gas y petróleo aprisionados, que son liberados y extraídos mediante la fragmentación del terreno a través de la inyección de fluidos a muy alta presión. La base de ellos es agua, requerida en grandes volúmenes en cada uno de los pozos donde se realiza el procedimiento, que suelen ser, paradójicamente, sitios donde ésta resulta sumamente escasa para cubrir las necesidades más elementales de la población. Aunado a esto, la poca disponible en los cuerpos superficiales, mantos freáticos y mantos acuíferos del lugar, corre el riesgo de ser contaminada durante el proceso a consecuencia de las substancias químicas contenidas en los fluidos, que a su vez representan una amenaza de gran impacto a la salud y a los demás elementos que componen el ambiente. Por lo tanto, el fracking atenta contra los activos ambientales de mayor valor con los que la humanidad cuenta: el agua y los ecosistemas. Estos costos o externalidades sociales y ambientales han provocado una altísima resistencia y animadversión por parte de las comunidades afectadas, situación que ha sido valorada y atendida por la administración federal entrante, que ha puesto por delante del sector energético y del valor económico, el bienestar social y ambiental de la población, deviniendo en la emisión de una postura clara y contundente, para no practicar durante su gestión este proceso para la extracción de hidrocarburos. Incorporar los componentes sociales y ambientales a las decisiones de gobierno, representa un cambio de fondo.
