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Estimado lector, te voy a platicar una historia de terror para los dueños de la empresa neolonesa Coca Cola Femsa, en el país y el mundo.
Bajo el liderazgo de José Antonio Fernández, en enero de 2013, compraron una “ganga”, la distribuidora de ese refresco en Manila, Filipinas, en casi 700 millones de dólares. Todo parecía un gran negocio para la embotelladora mexicana que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y otras internacionales, con las siglas KOF. Tenían el control del 51% de las acciones.
El gobierno de Filipinas impuso un nuevo gravamen al dulce lo que propició una baja del 4% en el volumen de ventas de la refresquera mexicana en el segundo trimestre de 2018, lo que dañaría más las utilidades de la empresa.
El impuesto forma parte de una reforma fiscal integral, que contempla la aplicación de 6 pesos filipinos (2.10 pesos mexicanos aproximadamente) por litro de bebida que contenga azúcar o edulcorantes no calóricos y 12 pesos filipinos por litro de bebidas que contengan jarabe de maíz con alto contenido de fructuosa.
En México se aplicó ese tipo de impuestos, presuntamente para el pago de las enfermedades derivadas por el abuso del consumo del azúcar. Sin embargo, este impuesto especial llegó al final de cuentas a ubicarse como un recurso que el gobierno federal utiliza para otros fines.
Ni siquiera se da una campaña efectiva y contundente para disminuir la obesidad y la diabetes. Sólo se convirtió en un impuesto recaudatorio.
Bueno, todo esto te lo platico debido a que una decisión de gobierno puede convertir a una empresa en una pesadilla y desinvertir en un país. En México fue para el consumidor el mayor costo.
