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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Con 71 posibles irregularidades detectadas en 36 resultados de auditoría, una revisión a 232.1 millones de pesos, seis denuncias promovidas por el PAN, un litigio por un predio de 15 mil 600 metros cuadrados, 204 estructuras retiradas del comercio ambulante y una amonestación electoral firme, el alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, enfrenta uno de los escenarios políticos más complejos para un edil morenista en el Estado de México.

La principal sombra sobre su administración proviene del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que en la revisión de la Cuenta Pública 2025 documentó 71 posibles irregularidades distribuidas en 36 observaciones. Dentro de la auditoría AIF-021, que revisó una muestra de 232.1 millones de pesos, los fiscalizadores detectaron presuntos pagos por trabajos no ejecutados en la pavimentación de avenida de las Torres, en Lago de Guadalupe.
La inspección física encontró que la obra seguía en proceso, mientras los expedientes oficiales la reportaban como terminada. Los problemas del alcalde no se limitan al terreno financiero. El 26 de marzo de 2026, el Tribunal Electoral del Estado de México resolvió el expediente JDCL/394/2025, donde acreditó obstáculos al ejercicio del cargo de la sexta regidora de Morena, Valentina Loa Rivera.
La sentencia ordenó entregar información pública, permitir la contratación de personal de apoyo y revertir restricciones que impedían el acceso pleno a sesiones de Cabildo. Lejos de aceptar el fallo, Serrano, junto con funcionarios de su administración, promovió una impugnación ante la Sala Regional Toluca mediante el expediente ST-JG-29/2026.
Paralelamente, en el asunto PES/12/2025, la autoridad electoral declaró inexistente una acusación de violencia política de género. Otra controversia involucra al empresario transportista Axell García Aguilera, quien denunció presunta extorsión relacionada con un terreno de 15 mil 600 metros cuadrados ubicado en las inmediaciones del Parque de las Esculturas. El conflicto también derivó en una carpeta iniciada el 3 de junio de 2025 por presunta tentativa de despojo y abuso de autoridad.
Las denuncias internas tampoco han cesado. La regidora Loa Rivera acusó la existencia de un presunto “aviador” dentro de la nómina municipal y llevó el caso ante la Fiscalía mexiquense. Aunque no existe resolución definitiva, el señalamiento alimentó las críticas por opacidad administrativa.

En noviembre de 2026, el PAN mexiquense elevó la presión al presentar seis denuncias tras un operativo policial que suspendió una función infantil en San Antonio. La oposición acusó abuso de autoridad e intimidación política, mientras el gobierno municipal justificó la acción por falta de permisos.
A estos conflictos se suman las quejas vecinales por deterioro urbano, problemas de agua potable y contaminación ambiental, además de los reclamos de comerciantes afectados por operativos que dejaron 204 instalaciones retiradas de la vía pública. El historial tampoco ayuda. Antes de llegar a la alcaldía, Serrano recibió una amonestación pública por actos anticipados de campaña en el expediente PES/78/2024, resolución confirmada posteriormente por la Sala Regional Toluca. Entre auditorías, litigios, denuncias y conflictos políticos, la gestión del morenista avanza bajo una constante lupa pública y judicial.
