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Acusa PAN privilegios a Rocha Moya

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REDACCIÓN

GRUPO CANTÓN

Ciudad de México.- Legisladores del PAN acusaron al gobierno federal y al Poder Judicial de otorgar un trato privilegiado a Rubén Rocha Moya, luego de que se le permitiera acceder a una parte de los recursos depositados en sus cuentas bancarias, pese a los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Desde el Palacio Legislativo, el diputado federal Federico Döring, acompañado de Paulina Rubio, sostuvo que resulta contradictorio que las autoridades protejan los ingresos del exmandatario sinaloense mientras otros trabajadores enfrentan restricciones sobre sus ahorros y pensiones.

Los panistas cuestionaron que Rocha Moya pueda disponer de recursos que permanecían congelados y de ingresos por jubilación, mientras ciudadanos que cotizaron durante décadas enfrentan incertidumbre por los cambios relacionados con la Modalidad 40 del IMSS.

Döring y Rubio también recordaron el caso de la diputada federal Hilda Araceli Brown, quien, según señalaron, obtuvo mediante una resolución judicial autorización para acceder al 30 por ciento de los recursos de sus cuentas bancarias.

Los legisladores consideraron que estas decisiones reflejan un trato desigual y acusaron a la administración de Claudia Sheinbaum de proteger a personajes de Morena señalados por presuntas relaciones con grupos criminales.

Por su parte, la diputada local Laura Álvarez Soto cuestionó que se hayan autorizado recursos para Rocha Moya, a quien atribuyó ingresos superiores a un millón y medio de pesos, mientras jubilados de Petróleos Mexicanos enfrentan rezagos en sus percepciones y aumentos salariales.

En tanto, el legislador local Raúl Torres Guerrero acusó que la disponibilidad de esos recursos podría favorecer el financiamiento de futuras campañas políticas rumbo a 2027, debido a los presuntos vínculos del exgobernador con el crimen organizado.

Los panistas sostuvieron que existe una doble vara en la protección del patrimonio de los jubilados y exigieron explicaciones sobre las resoluciones que permitieron liberar parcialmente los recursos del exmandatario.

Las acusaciones fueron planteadas por los legisladores de Acción Nacional, quienes utilizaron el caso para cuestionar la actuación del Gobierno federal y del Poder Judicial.

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