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Izquierda, diversidad sexual y democracia

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Desde una perspectiva democrática y de derechos humanos, la lucha del movimiento LGBTTTIQ+ plantea una discusión que trasciende las reivindicaciones de un sector de la población. Ha obligado a repensar el significado de la igualdad, la libertad, la ciudadanía y la dignidad humana. Durante mucho tiempo, miles de personas fueron obligadas a vivir su orientación sexual, su identidad de género y su expresión de género bajo el silencio, el ocultamiento y el temor. Sus diferencias fueron utilizadas para justificar prejuicios, exclusiones, persecuciones y restricciones de derechos. La sociedad dominante estableció modelos de normalidad sexual y de género que pretendían determinar qué cuerpos, afectos, relaciones y formas de vida son socialmente aceptables.

Por ello, resulta relevante el debate que aconteció en el Congreso de la Ciudad de México el pasado 12 de noviembre, cuando se aprobó un Punto de Acuerdo para que la persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc deje de criminalizar las protestas de la comunidad de la diversidad sexual y de género, así como para que garantice los derechos humanos y se abstenga de incurrir en actos de hostigamiento, discriminación, persecución, violencia institucional o criminalización de la protesta social en contra de poblaciones LGBTTTIQ+. Esta discusión permitió confrontar las diferentes posiciones políticas e ideológicas que existen respecto al tema de la inclusión y el pluralismo.

La derecha sostiene que la sociedad necesita conservar instituciones y valores tradicionales relacionados con la familia, la religión, la autoridad y las buenas costumbres. Desde esta perspectiva, los cambios en las concepciones de género, sexualidad y familia se interpretan como amenazas a la continuidad cultural. En sus expresiones más conservadoras defiende un modelo de familia basado en la complementariedad tradicional entre hombre y mujer, al tiempo que cuestiona las transformaciones promovidas por el feminismo y la diversidad sexual. El problema político se presenta cuando la derecha defiende a ultranza una tradición particular pretendiendo convertirla en una norma obligatoria para toda la sociedad.

Por su parte, la izquierda sostiene que ninguna persona debe ser discriminada, subordinada o privada de derechos por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o por sus características sexuales. Esta posición va más allá de defender la tolerancia. Busca comprender por qué determinadas diferencias sexuales y de género se convierten en desigualdades sociales, económicas, culturales y políticas, proponiendo transformaciones para superarlas. Desde esta perspectiva progresista, la diversidad sexual no constituye un problema que deba resolverse, sino una expresión de la pluralidad humana que debe reconocerse y protegerse.

Para el pensamiento de la izquierda democrática, la emancipación significa liberar a las personas de aquellas relaciones de dominación que limitan su autonomía y el ejercicio de sus libertades. Tradicionalmente, la izquierda concentró buena parte de su atención en la explotación económica, las desigualdades de clase y la distribución de la riqueza. Sin embargo, los movimientos de liberación sexual ampliaron esta concepción al demostrar que existen otras formas de subordinación que deben ser canceladas. Por ello, la emancipación sexual también es una forma de justicia social.

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