Visitas
Juan R. Hernández
Ciudad De México. — La reducción de la infraestructura penitenciaria y las fallas operativas encendieron las alertas sobre el sistema carcelario mexicano. Mientras en 11 años desaparecieron 37 penales estatales en el país, la Ciudad de México enfrenta cuestionamientos por inconsistencias en sus registros, deterioro de instalaciones y deficiencias en los controles de personal.
De acuerdo con el informe Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales, elaborado por la organización Causa en Común, se advierte que la falta de información confiable, los problemas de profesionalización y las carencias de infraestructura comprometen tanto la seguridad penitenciaria como los objetivos de reinserción social.
El diagnóstico destaca que en el caso de la CDMX, las autoridades reportaron 13 centros penitenciarios con fallas y cuatro custodios que reprobaron evaluaciones de control de confianza, sin que aparentemente hubieran sido separados de sus funciones.
La organización también detectó inconsistencias en la información oficial, pues al cierre del 2024 existía una diferencia de ocho centros penitenciarios entre los datos reportados por el Gobierno capitalino y los registros federales, situación que evidencia vacíos en el control y seguimiento institucional.
Entre los centros con mayores señalamientos destacan los reclusorios preventivos varoniles Oriente, Norte y Sur, además de los complejos penitenciarios de Santa Martha Acatitla. El Reclusorio Oriente acumula denuncias por hacinamiento y deficiencias en los servicios sanitarios; el Norte enfrenta señalamientos por rezagos de mantenimiento y atención médica insuficiente; mientras que el Sur registra observaciones relacionadas con infraestructura deteriorada y escasez de personal operativo.
A ello se suma otro foco de preocupación: las autoridades omitieron información correspondiente a custodios durante 2025, pese a que hasta 2024 la capital concentraba el mayor número de estos trabajadores en todo el país. La ausencia de datos limita la evaluación pública sobre las condiciones reales de vigilancia y seguridad dentro de los centros penitenciarios.
La problemática rebasa a la Ciudad de México. Entre 2015 y septiembre de 2026, el número de penales estatales pasó de 298 a 261, una caída de 12.4%. Al mismo tiempo, la población penitenciaria alcanzó 276 mil 873 personas, de las cuales 258 mil 844 son hombres y 18 mil 29 mujeres.
Del total de internos, 242 mil 370 corresponden al fuero común y 34 mil 503 al federal. Además, 122 mil 549 personas, equivalentes al 44% de la población penitenciaria, permanecen privadas de la libertad sin haber recibido sentencia.
La sobrepoblación asciende a 38 mil 796 internos, cifra que representa un 19% por encima de la capacidad instalada, reflejando un sistema que, lejos de fortalecerse, opera con menos infraestructura y bajo crecientes presiones estructurales.
