Visitas
Redacción
El juicio laboral promovido contra Grupo Herdez por Alfredo Jorge Colín Huerta enfrenta señalamientos de presunto fraude, luego de que tres fuentes distintas negaran que el demandante hubiera trabajado para la compañía, entre ellas la propia abogada que llevó el caso.
De acuerdo con los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), incluidos en una sentencia federal del 14 de julio de 2026, el director de Administración de Recursos Humanos de Grupo Herdez declaró que Colín Huerta “jamás trabajó” en la empresa, sus marcas o subsidiarias.
El directivo, quien labora en la compañía desde 1997, explicó que tenía conocimiento de ello porque los procesos de contratación pasan por su área y ha firmado los contratos de los trabajadores.
A esta declaración se suma un oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fechado el 12 de marzo de 2025, en el que se establece que no existe antecedente que relacione a Colín Huerta con Herdez del Fuerte ni con Grupo Herdez.
Sin embargo, uno de los señalamientos más relevantes provino de Irene León Escamilla, abogada que llevó el juicio laboral. En una declaración manuscrita ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el 11 de septiembre de 2025, afirmó que el supuesto trabajador “no trabajaba ni había trabajado en absolutamente ninguna de las empresas morales demandadas” y reconoció que “estábamos demandando de manera fraudulenta”.
Según su declaración, ella y su entonces jefe, el abogado Humberto Cavazos Chena, habrían promovido el procedimiento con una relación laboral inexistente.
Los elementos forman parte de la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que por unanimidad negó el amparo solicitado por Colín Huerta contra la orden de aprehensión en su contra.
Pese a estos antecedentes, Aurora León, hermana de Irene, ha impulsado desde octubre una campaña para boicotear los productos de Grupo Herdez, bajo el argumento de respaldar a la abogada, a quien presenta como víctima de una empresa poderosa.
En distintas publicaciones del 22 de octubre, 1 y 8 de noviembre, llamó a los consumidores a manifestar su apoyo mediante sus decisiones de compra.
La campaña también ha recurrido a la detención de un juez en Colombia para cuestionar el proceso; sin embargo, ese señalamiento no modifica por sí mismo los elementos documentales sobre la supuesta relación laboral ni las declaraciones incorporadas al expediente.
El llamado al boicot abre otro frente de controversia, pues sus consecuencias económicas también podrían alcanzar a trabajadores de plantas, almacenes y rutas de distribución, así como a productores que abastecen a la compañía.
