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Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Con 276 mil 873 personas privadas de la libertad en el país, 122 mil 549 de ellas sin sentencia, una sobrepoblación de 38 mil 796 internos y un crecimiento del 47% en la población encarcelada por delitos del fuero común desde 2018, el sistema penitenciario mexicano atraviesa una crisis estructural que también salpica a la Ciudad de México, donde prevalecen inconsistencias en la información oficial y cuestionamientos sobre la supervisión de su personal custodio.
Así lo advierte el estudio Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales, elaborado por la organización Causa en Común, que documenta problemas de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento institucional en los centros penitenciarios capitalinos.
Uno de los hallazgos más delicados señala que cuatro custodios de la Ciudad de México reprobaron las evaluaciones de control y confianza durante 2024 y aparentemente continuaron en funciones, sin que exista información pública que aclare si fueron separados del cargo o sujetos a procedimientos administrativos.
A ello se suma que las autoridades capitalinas omitieron reportar los datos correspondientes a 2025 sobre su plantilla penitenciaria, situación que impide conocer cuántos custodios vigilan actualmente los centros de reclusión y si existe personal suficiente para atender la demanda operativa.
La falta de transparencia adquiere mayor relevancia debido a que la capital del país figuró hasta 2024 como la entidad con el mayor número de elementos penitenciarios. Sin embargo, la ausencia de datos actualizados impide evaluar la evolución de las condiciones laborales y de seguridad dentro de los penales.
El informe también detectó discrepancias entre los registros oficiales. Mientras la Secretaría de Seguridad federal contabilizaba determinado número de centros penitenciarios, la información proporcionada por autoridades capitalinas reportaba ocho instalaciones menos, generando dudas sobre el estado real de la infraestructura carcelaria.
Causa en Común sostiene que disponer de una legislación específica para regular los centros penitenciarios, vigente en la Ciudad de México desde 2021, no garantiza por sí misma el cumplimiento de estándares de profesionalización, vigilancia y transparencia.
A nivel nacional, el diagnóstico describe cárceles marcadas por el hacinamiento, deficiencias en servicios médicos, problemas de higiene, insuficiencia de custodios y fallas en la separación entre personas procesadas y sentenciadas. Del total de internos, el 44% permanece sin recibir sentencia, reflejo de un sistema de justicia rezagado.
Para la organización, las inconsistencias detectadas en la capital son parte de un problema más profundo: instituciones que operan con información incompleta, supervisión limitada y escasa rendición de cuentas, factores que dificultan la reinserción social y alimentan la desconfianza ciudadana sobre el funcionamiento real de los penales.
