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La Cámara de Diputados ordena la expulsión de asesores violentos, prohíbe escoltas armados y prepara sanciones económicas y legislativas tras el agresión contra la bancada de MC
Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.— Despidos fulminantes, expulsiones del recinto, recortes de sueldo y la posible destitución de cargos comiciales: ese es el paquete de sanciones que encaran los llamados dipuhooligans del PRI tras la gresca desatada en San Lázaro contra Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y legisladores de su bancada.
Ante los hechos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva cerraron filas para blindar el Palacio Legislativo. Entre los acuerdos destacan el cese inmediato de los asesores implicados y la activación urgente del Comité de Ética para procesar a los diputados priistas Carlos Gutiérrez y Xitlalic Ceja.
El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, fue tajante al advertir que no se tolerará que la sede parlamentaria se convierta en ring ni en zona de prepotencia:
“No podemos permitir que haya gente armada en el recinto”, aseveró al decretar el veto total a los escoltas armados.
En el centro del reflector está Eduardo Carbajal, asesor de Gutiérrez Mancilla y personaje cercano al líder tricolor Alejandro Moreno. Desde la bancada naranja lo señalan directamente de haber arremetido a empujones e insultos contra los diputados Gildardo Pérez, Juan Ignacio Zavala y Gibrán Ramírez.
La coordinadora de MC, Ivonne Ortega, exigió un castigo ejemplar para que la agresión no quede impune ni para los legisladores ni para sus colaboradores.
Como respuesta, las autoridades del Congreso ordenaron revocar credenciales, cancelar pases de acceso, fiscalizar la entrada de vehículos y restringir el paso al Salón de Plenos únicamente al personal debidamente acreditado.
A la par, el Comité de Ética revisa los videos para definir la severidad del fallo, que podría ir desde una amonestación pública y la retención de dietas hasta el retiro de comisiones. La medida contó con el consenso de casi todas las fuerzas políticas, con la sola excepción del coordinador del PRI, Rubén Moreira, quien salió en defensa de su bancada.
