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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Luego que se diera a conocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio contratos millonarios al chofer de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación a siete empresas proveedoras del máximo órgano electoral del país y de organismos locales, por aparentemente simular competencia para adjudicaciones y triangular recursos con firmas consideradas como factureras.
La indagatoria de la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se centraría en una posible triangulación de recursos y competencia desleal, donde el operador de la unidad de traslado de Taddei Zavala, aparece como apoderado de una de las empresas referidas.
De acuerdo con versiones periodísticas, se procedió al bloqueo de 70 cuentas bancarias y pese a esas acciones, al momento no ha dado a conocer se sanciones contra algunos de los implicados debido a que de momento las indagatorias se mantienen en curso.
Se informó que el entramado refiere que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas serían los principales accionistas de los consorcios, pues se les liga al Corporativo Zeg, en la que Jonathan Navarrete, sería apoderado legal; así como con Cajas Graf y una red de cinco empresas de proveeduría más para el organismo electoral más importante del país.
Las investigaciones apuntan que estas firmas fueron favorecidas con contratos millonarios con una aparente simulación de competencia los cuales iniciaron desde 2012, cuando la ahora consejera presidenta el organismo, Guadalupe Taddei, encabezaba el Instituto Electoral de Sonora.
Debido al escándalo que se ha provocado, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez, señaló las denuncias sobre posibles anomalías en el INE deben calificarse como delicadas, por lo que demandó sean aclaradas a la brevedad, tanto por la presidencia del máximo organismo electoral, así como por los órganos internos y las autoridades competentes.
Dijo que es imperante que se respondan a todos los señalamientos, además que sean investigadas las posibles irregularidades y en caso de que sean acreditadas se apliquen las sanciones correspondientes.
