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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El deterioro de calles y carreteras del Estado de México continúa generando gastos adicionales para miles de familias, que deben pagar reparaciones mecánicas, neumáticos y refacciones por los daños ocasionados al transitar sobre pavimento en malas condiciones. A casi tres años del inicio de la administración de Delfina Gómez Álvarez, la falta de resultados suficientes en materia de conservación vial mantiene el problema entre las demandas ciudadanas.
Los baches afectan tanto a automovilistas particulares como a trabajadores que dependen de sus unidades para obtener ingresos. En diciembre de 2024, durante una discusión en el Congreso mexiquense, se advirtió que reparar un automóvil dañado por estas irregularidades puede costar entre 2 mil y 20 mil pesos, mientras que las afectaciones a vehículos del transporte público podrían alcanzar los 40 mil pesos.
Estos desembolsos representan una carga adicional para hogares que ya destinan buena parte de sus ingresos a necesidades básicas. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, elaborada por el INEGI, reportó un gasto corriente monetario promedio de 15 mil 891 pesos mensuales por hogar en el país. De ese monto, 19.5 por ciento correspondió a transporte y comunicaciones, rubro al que pueden sumarse reparaciones inesperadas.
La dimensión del rezago también se refleja en las metas de infraestructura estatal. En una evaluación presupuestaria de 2025, la Junta de Caminos contempló rehabilitar 100 kilómetros de la red vial primaria estatal libre de peaje, integrada por 4 mil 326.67 kilómetros. La intervención prevista equivale a aproximadamente 2.31 por ciento de esa extensión.
Aunque el mantenimiento de las vialidades corresponde a distintos niveles de gobierno, la administración estatal debe informar con claridad sobre los trabajos realizados, los recursos ejercidos y los tramos pendientes.
La existencia de competencias compartidas no elimina la obligación de coordinar acciones ni de ofrecer resultados verificables.
Para los habitantes, el problema no se reduce a las molestias al conducir: implica gastos que disminuyen el dinero disponible para alimentación, educación y servicios del hogar, además de riesgos de accidentes y retrasos cotidianos. Por ello, la exigencia es establecer un programa de conservación con metas medibles, atención prioritaria a los puntos de mayor deterioro y mecanismos de supervisión que permitan comprobar el uso de los recursos públicos.
