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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Habitantes de distintas comunidades del Valle de Teotihuacán salieron a las calles para denunciar la extracción de agua que consideran irregular y advertir sobre las consecuencias que podría tener la explotación de los mantos acuíferos en el abasto doméstico. Durante la movilización, solicitaron la intervención de las autoridades federales para revisar los pozos señalados y determinar si operan conforme a la legislación vigente.
La protesta comenzó en San Martín de las Pirámides y avanzó por San Francisco Mazapa, Santa María Coatlán, San Sebastián y el barrio de Purificación. A lo largo del recorrido, los participantes difundieron sus demandas entre los habitantes y pidieron frenar las actividades que, a su juicio, ponen en riesgo la disponibilidad del líquido para las localidades de la zona. Los inconformes estimaron que alrededor de 800 pipas salen diariamente de la región para llevar agua a otros municipios de la zona metropolitana.
Explicaron que entre las unidades hay vehículos con capacidades de 10 mil a 20 mil litros, además de otros de mayor tamaño que circulan por la autopista México-Pirámides. Por ello, exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inspeccionar los aprovechamientos señalados, verificar sus concesiones y determinar si existen extracciones fuera de la normativa.
Durante la marcha, los vecinos portaron pancartas con mensajes en defensa de la tierra y el agua. Filemón Macías Juárez, uno de los organizadores, señaló que la inconformidad tiene antecedentes de aproximadamente 35 años, periodo en el que habitantes de municipios de la región comenzaron a organizarse para defender sus recursos hídricos.
El representante sostuvo que existen denuncias y antecedentes de clausuras de pozos; sin embargo, afirmó que algunos habrían reanudado sus actividades después de las intervenciones oficiales. Los pobladores aseguran haber reunido documentos y otros elementos que pretenden presentar ante las instancias competentes para solicitar que se revisen los casos y se determinen posibles responsabilidades.
La preocupación de las familias se centra en las consecuencias que una extracción intensiva podría tener sobre la disponibilidad de agua para las viviendas, especialmente si no existe una supervisión suficiente de los volúmenes extraídos. Los manifestantes también cuestionaron la falta de resultados que, según ellos, han tenido algunas de sus gestiones ante las autoridades y pidieron que las denuncias sean atendidas con información verificable y acciones concretas.
Como siguiente medida, anunciaron que buscarán organizar otra movilización dentro de aproximadamente un mes para llevar sus planteamientos ante la Presidencia de la República, la Conagua y el gobierno del Estado de México. Su intención es entregar las pruebas que dicen haber reunido y exigir una revisión de los pozos denunciados, así como mecanismos de vigilancia que permitan proteger el abastecimiento de las comunidades.
