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Por Ana E. Rosete
El supuesto predialazo se convirtió en munición política y, en medio de las acusaciones, quienes terminan pagando los platos rotos son los contribuyentes, obligados a distinguir entre información verificable y advertencias que pueden convertirse en una auténtica campaña de miedo.
El tema no es menor. El predial forma parte de los gastos que miles de familias deben cubrir cada año, por lo que cualquier modificación merece explicaciones claras. Lo cuestionable es utilizar la preocupación por el patrimonio para instalar la idea de que los propietarios enfrentarán aumentos generalizados sin presentar pruebas suficientes que permitan dimensionar el impacto real.
Quienes advierten sobre un golpe al bolsillo tienen la obligación de explicar de dónde salen sus cifras. ¿Cuánto aumentaría el pago? ¿A qué inmuebles afectaría? ¿Se trata de una actualización de valores catastrales o de un incremento efectivo en el impuesto? Son preguntas elementales que no pueden sustituirse con declaraciones alarmistas ni con cálculos presentados sin contexto.
Porque actualizar el valor catastral de una propiedad no significa automáticamente que el impuesto aumentará en la misma proporción. Mezclar ambos conceptos puede distorsionar la discusión y provocar incertidumbre entre personas que necesitan información precisa para organizar sus finanzas.
Pero tampoco basta con desestimar las denuncias. Las autoridades tienen la responsabilidad de transparentar los criterios de cálculo, publicar ejemplos claros y explicar qué cambios se aplican, a quiénes y bajo qué fundamento legal. La confianza ciudadana no se construye con descalificaciones, sino con documentos, números y reglas comprensibles.
La oposición puede y debe fiscalizar las decisiones gubernamentales, pero una denuncia pública pierde sustento cuando el temor ocupa el lugar de la evidencia. Si existe un aumento injustificado, hay que demostrarlo; si se exageran sus alcances, corresponde aclararlo con información comprobable.
El patrimonio familiar no debería convertirse en rehén de una disputa política. Los contribuyentes merecen saber cuánto pagarán y por qué, no vivir bajo la amenaza de una factura cuyo monto nadie se ha tomado la molestia de explicar con rigor.
El predial exige cuentas claras, no cuentos de terror. Y si alguien asegura que viene un golpe al bolsillo, que ponga las cifras sobre la mesa. La ciudadanía no necesita campañas de pánico: necesita certezas.
