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Por Eduardo López Betancourt
El correo mexicano arrastra desde hace décadas una incompetencia que parece no tener remedio. Mientras el mundo avanza, nuestro servicio postal permanece anclado en el pasado. Enviar una carta se ha convertido en una apuesta, nadie sabe cuándo llegará ni si terminará perdida entre el polvo y la burocracia.
La correspondencia dentro en México puede tardar hasta 23 días y, si procede del extranjero, superar los 40; recientemente recibí una proveniente de Los Ángeles, fechada el 3 de septiembre, la cual estuvo en mis manos el 15 de octubre; casi mes y medio para entregar un sobre. Por cierto, otras cartas del mismo remitente jamás arribaron a su destino.
Lo más preocupante no es la demora, sino la aparente falta de responsabilidad. El usuario no encuentra respuestas ni soluciones, halla indiferencia; da la impresión que para algunos empleados lo importante es cumplir el horario, sellar documentos y marcharse, no ofrecer un servicio digno. Cuando reclamar se transforma en una molestia para la autoridad, la institución pierde de vista su razón de existir.
Basta mirar naciones allende las fronteras para percibir que es posible lograr resultados óptimos. Estados Unidos cuenta con técnicas de rastreo y plazos de entrega definidos; Alemania y Japón han desarrollado sistemas postales reconocidos por su organización y puntualidad. Nuestro país también podría renovar su infraestructura, capacitar a su personal y establecer mecanismos eficaces para responder a las quejas y exigir profesionalismo.
Habrá quienes aleguen que se posee un presupuesto limitado para instauración de procedimientos modernos, vehículos o trabajadores; sin embargo, esas carencias no justifican la ausencia de voluntad para mejorar. Todo aquel que cobra del erario tiene la tarea de atender a la ciudadanía, no de esconderse detrás de excusas.
Son preponderantes cambios coyunturales en Correos de México, con inversión, supervisión y compromiso. Si una dependencia de gobierno no escucha a sus usuarios ni corrige sus deficiencias, seguirá perdiendo credibilidad. No se necesitan funcionarios que “calienten una silla”, sino empleados públicos que comprendan que servir es su obligación.
