Visitas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El manejo de los recursos públicos en el municipio de Naucalpan quedó bajo cuestionamiento después de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) identificó anomalías en los procedimientos de contratación del ayuntamiento encabezado por el morenista Isaac Montoya Marqués. Las observaciones obligan al gobierno municipal a explicar cómo seleccionó a sus proveedores y qué documentación respalda las operaciones realizadas.
Entre las empresas con los mayores montos adjudicados aparecen Transfer Gas, S.A. de C.V.; Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.; Reynolds Technologies, S.A. de C.V., y Conetcom, S. de R.L. de C.V. Según la información proporcionada, ninguna fue localizada en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía durante la consulta referida en el reporte. Esta circunstancia requiere aclaraciones documentales, aunque por sí sola no acredita que las compañías sean irregulares ni demuestra la existencia de un delito.
Los giros comerciales atribuidos a estas firmas abarcan sistemas electrónicos para el control de combustible, arrendamiento y financiamiento de vehículos y maquinaria, equipos de impresión y servicios de telecomunicaciones. La diversidad de los bienes y servicios contratados hace necesario revisar si los expedientes acreditan la capacidad técnica de cada proveedor, las condiciones pactadas y la justificación del gasto.
El informe trimestral correspondiente a 2025 registró 115 procedimientos por un importe conjunto de 108 millones 965 mil 300 pesos. De ellos, 114 se tramitaron mediante adjudicación directa por excepción y uno por invitación restringida. Esta concentración de operaciones en un mecanismo que no implica una licitación abierta exige que el ayuntamiento sustente las causas legales de cada elección y demuestre que protegió el interés público.
A las observaciones sobre las contrataciones se sumaron inconsistencias en los formatos y comprobantes entregados para la revisión fiscalizadora. Estas deficiencias dificultan comprobar la correcta integración de los expedientes y generan dudas sobre los controles administrativos aplicados por el gobierno local.
La responsabilidad de Montoya Marqués consiste en ofrecer explicaciones verificables, transparentar los contratos y atender cada observación dentro de los procedimientos correspondientes. Mientras no se conozcan aclaraciones suficientes, persisten interrogantes sobre la supervisión del gasto municipal y la eficacia de los mecanismos internos de control. La ciudadanía necesita información comprobable sobre el destino de sus impuestos, no únicamente trámites administrativos sin resultados claros.
