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Denuncias señalan al juez de oralidad penal Salvador Hernández Martínez por su influencia en centros penitenciarios del estado; también mencionan posibles vínculos con mandos y operadores al interior de los reclusorios.
Redacción
Puebla, Puebla. — Irregularidades en el funcionamiento de diversos centros penitenciarios de Puebla han puesto en el centro de los señalamientos al juez de oralidad penal Salvador Hernández Martínez, a quien se le atribuye, de acuerdo con las denuncias referidas, una supuesta influencia sobre actividades comerciales y decisiones operativas dentro de los reclusorios estatales.
Los señalamientos sostienen que Hernández Martínez tendría injerencia en concesiones relacionadas con la venta de alimentos y abarrotes, así como con el suministro de alcohol, drogas y servicios de telefonía al interior de los penales.
De acuerdo con la información proporcionada, pese a la existencia de presuntas quejas presentadas ante organismos de derechos humanos, el juez mantendría influencia sobre la operación de los centros penitenciarios, incluso a través de vínculos con el subsecretario de Centros Penitenciarios, David Uriel Rivera.
Cereso de Tepexi: señalan presuntas extorsiones
Uno de los centros penitenciarios más polémicos mencionados es el de Tepexi de Rodríguez, donde se atribuye al juez una presunta relación con un hombre identificado como Roberto, conocido con el alias de “El Bukanas”.
Según las acusaciones, ambos tendrían supuestos vínculos con un esquema de extorsiones al interior del reclusorio. También se afirma que algunos mandos penitenciarios, incluido el director del centro, serían personas cercanas al juzgador.
Pese a diversas acusaciones reveladas en diferentes medios de comunicación una de las que más ha causado impacto es el modus operendi de Hernadez Martínez. Pues reo que no consuma sus productos es reo que le dan una golpiza, también suena el cobro de piso que cobra Hernández
Los señalamientos plantean interrogantes sobre las razones por las que no se habría concretado el traslado de “El Bukanas” a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Y la respuesta es clara porque Salvador ha protegido a dicho sujeto
Asimismo, la información hace referencia a la remoción del juez Guillermo Valdez Luna de un cargo administrativo relacionado con los juzgados penales y sostiene que, pese a ese cambio, ambos conservarían supuesta influencia en el Tribunal Superior de Justicia.
San Miguel: denuncian presunto control de operadores
(Cereso) de San Miguel, en la capital poblana, los señalamientos identifican a dos personas que tiene de encargados Salvador conocidas como Juan Pedro y “El Primo” como presuntos responsables de determinadas actividades al interior del penal.
La información proporcionada los vincula con un hombre identificado como “El Félix”, señalado presunto narcomenudista.
De acuerdo con la denuncia, en este centro penitenciario se han registrado manifestaciones en las que se ha solicitado el traslado de determinadas personas, bajo el argumento de que su permanencia contribuiría a mantener un clima de violencia e inseguridad entre la población penitenciaria.
Ciudad Serdán: señalan monopolio en la venta de alimentos
Otro de los centros mencionados es el penal femenil de Ciudad Serdán, donde se acusa a Hernández Martínez de mantener un supuesto monopolio en la comercialización de alimentos dentro de las instalaciones.
Otro foco de preocupación se encuentra al interior de la propia institución, donde custodios han denunciado presuntas presiones y medidas de represalia por parte de quienes mantienen el control operativo. De acuerdo con sus testimonios, el personal estaría siendo obligado a trabajar bajo el esquema y las directrices de gobierno impuestas por Juez Salvador Hernández, bajo la advertencia de que quienes se nieguen a acatar sus indicaciones podrían ser removidos de sus cargos.
Los señalamientos evidencian un clima de inconformidad al interior de la institución y abren interrogantes sobre los mecanismos de autoridad, las condiciones laborales del personal y el margen de autonomía con el que cuentan los custodios para desempeñar sus funciones. De confirmarse estas prácticas, se estaría ante un escenario en el que la permanencia en el cargo dependería no solo del cumplimiento de las responsabilidades laborales, sino también de la obediencia a las disposiciones del juez Salvador.
