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Juan R. Hernández
Ciudad de México.— Al menos 60 millones de pesos destinados a pintar ajolotes en vialidades y 200 millones señalados por cambios de uniformes del personal de limpia forman parte de los gastos cuestionados por Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Clara Brugada. Los legisladores Patricia Urriza y Royfid Torres denunciaron que ahora se utilizan recursos adicionales para corregir decisiones anteriores, sin transparentar los costos ni identificar responsables.
A través de sus redes sociales, la diputada Patricia Urriza exhibió que los ajolotes pintados sobre intersecciones de ejes viales están siendo cubiertos con pintura negra, la cual, aseguró, ya comienza a desprenderse.
“¿Cuánto nos está costando que el gobierno haga las cosas mal?”, cuestionó la legisladora, quien sostuvo que los 60 millones de pesos pudieron destinarse a mejorar 30 intersecciones con elevados índices de accidentes.
Recordó que anteriormente se pintaron de morado puentes y guarniciones que posteriormente debieron recuperar el amarillo, mientras trabajadores de limpia recibieron uniformes cuyo diseño fue modificado nuevamente por razones de visibilidad.
Por su parte, Royfid Torres en entrevista con Diario Basta, advirtió que estos cambios representan gastos que podrían haberse destinado al mantenimiento de vialidades, semáforos y alumbrado público.
“Una cosa es darle mantenimiento a la ciudad y otra cosa es adornarla”, señaló el legislador, al cuestionar la falta de información sobre las contrataciones.
MC solicitó a la Contraloría capitalina revisar los procedimientos, justificar las modificaciones y determinar posibles responsabilidades administrativas.
Los diputados también reclamaron transparencia sobre las obras hidráulicas anunciadas por el gobierno, al señalar que no existe información pública suficiente para verificar su ubicación y resultados.
Respecto a los 40 kilómetros de Cablebús proyectados, Torres cuestionó que las rutas en construcción enfrenten oposición vecinal sin acuerdos definitivos sobre sus trazos. Para MC, el problema no es únicamente el cambio de colores, sino conocer cuánto dinero público se destinó a decisiones posteriormente corregidas y quién autorizó esos gastos.
