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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La distribución de la inversión pública en movilidad del Valle de Toluca mantiene bajo cuestionamiento la prioridad que reciben los automóviles particulares frente a las necesidades de quienes dependen del transporte colectivo. El activista Dante Álvarez advirtió que los anuncios presupuestales deben evaluarse por sus beneficios para la población y no únicamente por el monto de las obras proyectadas.
En junio de 2026, el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Movilidad anunció recursos cercanos a los 5 mil millones de pesos para proyectos de movilidad en la región. Más de 4 mil millones se destinarían a la línea Tec Toluca del Mexibús, cuya infraestructura contempla 28.8 kilómetros por sentido y 44 estaciones, con una demanda estimada de 48 mil pasajeros diarios.
Aunque el desarrollo de sistemas masivos representa una alternativa para reducir los tiempos de traslado, Álvarez señaló que también es necesario revisar cuánto dinero se ejerce en la conservación y rehabilitación de calles. Para 2026 se anunciaron alrededor de 470 millones de pesos en intervenciones viales de Toluca, incluidos tramos de Paseo Tollocan, Alfredo del Mazo y Paseo Adolfo López Mateos, en dirección a Zinacantepec.
La crítica se centra en que la construcción de infraestructura no garantiza por sí misma un servicio eficiente. Para las personas que utilizan autobuses y camionetas de transporte público, las deficiencias en las frecuencias, la saturación de las unidades y las condiciones de los paraderos siguen representando dificultades cotidianas, además de gastos adicionales y retrasos en sus actividades laborales y escolares.
En comunidades como San Pablo Autopan, Capultitlán y San Mateo Otzacatipan, los usuarios requieren conexiones accesibles y corridas suficientes para trasladarse hacia sus centros de trabajo o estudio. La falta de alternativas adecuadas afecta especialmente a las familias que no cuentan con automóvil y deben ajustar sus horarios a la disponibilidad del servicio.
Otro pendiente es la actualización del Programa de Ordenamiento del Transporte Público (PORTyS), instrumento relacionado con la organización de rutas y concesiones. Su revisión resulta relevante para evaluar la cobertura, mejorar la coordinación entre recorridos y atender las necesidades de las zonas con mayor demanda.
