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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente para investigar posibles actos de tortura, uso desmedido de la fuerza y agresiones tras las protestas del pasado 11 de octubre en Guadalajara, donde las autoridades arrestaron a 39 personas que exigían acceso al agua potable.
La institución defensora confirmó que atrajo el caso debido a la gravedad de las denuncias presentadas por abusos cometidos antes, durante y después del operativo policial.
La CNDH remarcó que recurrir a la violencia para acallar reclamos ciudadanos vulnera directamente el derecho a la libre manifestación, por lo que mantendrá el seguimiento directo del caso.
Para verificar el estado de los 39 detenidos, visitadores del organismo se reunieron con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Jalisco e inspeccionaron el actuar de los mandos a cargo.
En paralelo, personal médico y legal ha tomado testimonios de los afectados y realiza valoraciones para certificar lesiones, posibles golpizas o cualquier trato inhumano recibido en custodia.
A las denuncias se suman señalamientos por violaciones al debido proceso, ya que varias personas reportaron no haber tenido acceso a una defensa legal adecuada desde el momento de su captura.
Como parte del procedimiento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco transferirá los expedientes previos para que la instancia nacional analice las carpetas de investigación e interrogue a las autoridades involucradas.
El organismo concluyó que basará sus conclusiones en los testimonios de las víctimas para deslindar responsabilidades y castigar a quienes resulten culpables.
DENUNCIAN PENALMENTE A LEMUS
Por otro lado, la Comisión Internacional de Derechos Humanos Prensa de América (CIDHPDA) presentó una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Jalisco emanando de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus, así como contra mandos policiacos y de seguridad del estado.
La denuncia se refiere a la presunta responsabilidad de las autoridades estatales en los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias luego de las agresiones durante la marcha por la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara el pasado domingo.
