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Por Ana E. Rosete
En política, pocas cosas son gratuitas y detrás de las grandes campañas de desprestigio conviene mirar quién tiene algo que perder. En el negocio de los medicamentos, los números son contundentes: durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, diez proveedores concentraron 241 mil 191 millones de pesos en compras públicas, casi 80 por ciento del gasto registrado entre 2012 y 2018. Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Dimesa estuvieron entre los principales beneficiarios.
Alrededor de ese mercado han circulado señalamientos sobre presuntos vínculos con figuras de la vieja clase política priista, entre ellas Manlio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo y Emilio Gamboa. Los nombres aparecen en publicaciones que relacionan a políticos con empresas proveedoras, aunque esas asociaciones deben verificarse con documentos corporativos y pruebas de intervención en contratos. No basta con repetir una lista viral para convertir una acusación en verdad.
Lo que sí merece escrutinio es el tamaño de los intereses económicos que se construyeron alrededor de las compras públicas. Cuando un puñado de empresas concentra miles de millones de pesos, cualquier intento de modificar las reglas toca intereses poderosos. Y cuando esos intereses se cruzan con actores políticos, la discusión sobre medicamentos deja de ser exclusivamente administrativa: también se vuelve una disputa por poder y dinero.
En ese escenario, Claudia Sheinbaum enfrenta una ofensiva política que busca convertir los problemas del sector salud en un argumento contra la transformación del país. La oposición tiene derecho a cuestionar y exigir resultados; lo que no debería hacer nadie es ocultar los antecedentes de un modelo que permitió semejante concentración ni presentar como preocupación ciudadana lo que podría responder a intereses particulares, sin demostrarlo.
La salud pública necesita soluciones, abasto y transparencia. Pero también memoria. Porque el debate no puede comenzar cada mañana como si los problemas hubieran nacido ayer, ni puede borrarse quiénes dominaron durante años el mercado de medicamentos.
Si existen políticos detrás de proveedores y si hay intereses económicos intentando recuperar privilegios, que se documenten y se investiguen. El dinero público no pertenece a una camarilla ni a un partido: pertenece a la gente que necesita atención médica.
La pregunta es sencilla: ¿quiénes se beneficiaron durante años de ese negocio y a quién le incomoda que se revisen sus redes de influencia? Ahí está la investigación pendiente.
