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REDACCIÓN
Grupo Cantón
Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, quienes ocuparon cargos directivos en la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, salieron del penal de Chalco luego de que una resolución judicial modificara la clasificación del delito por el que eran procesados. La determinación redujo las consecuencias penales del caso, relacionado con señalamientos de presuntas exigencias económicas a propietarios de centros de verificación vehicular.
De acuerdo con la información del expediente referida en el caso, la jueza Sandra Isabel Cortés resolvió, después de una audiencia de aproximadamente ocho horas, que los elementos presentados por el Ministerio Público no eran suficientes para mantener la imputación por extorsión agravada. En su lugar, reclasificó los hechos como abuso de autoridad, lo que abrió la posibilidad de concluir el procedimiento mediante una salida abreviada.
Ambos exservidores públicos recibieron una sentencia de un año y cuatro meses de prisión, sustituida por sanciones económicas que les permitieron recuperar su libertad. Piña Horta pagó cinco mil 396.26 pesos, mientras que Solares Vega cubrió cuatro mil 772.04 pesos. También se les impuso la destitución e inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, además de presentaciones periódicas ante el Centro de Medidas Cautelares y la prohibición de acercarse a las personas afectadas. El caso se originó por denuncias de empresarios del sector, quienes señalaron que durante la gestión de los exfuncionarios se habrían establecido restricciones para la venta de hologramas y condiciones para mantener en operación distintos verificentros.
Según las acusaciones, los responsables de estos establecimientos debían entregar pagos mensuales de entre 162 mil y 200 mil pesos para evitar afectaciones a sus actividades.
Las indagatorias también incluyeron el señalamiento de una presunta solicitud extraordinaria de 500 mil pesos, atribuida a Piña Horta mediante un mensaje de texto. La Fiscalía estimó que el esquema habría tenido como objetivo recaudar hasta 420 millones de pesos para noviembre de 2026. Estas cantidades forman parte de los señalamientos del caso y no deben confundirse con montos acreditados mediante una sentencia por extorsión.
La liberación provocó inconformidad entre integrantes del gremio de verificentros. Un empresario de Tlalnepantla, citado como testigo, manifestó su preocupación por las consecuencias económicas que, aseguró, enfrentaron los establecimientos involucrados. “Nos arruinaron la vida durante meses, nos sangraron con cuotas que no podíamos pagar, y ahora salen como si nada. La justicia aquí es un chiste”, expresó.
