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REDACCIÓN
Grupo Cantón
Comerciantes establecidos en el municipio de Temoaya acusaron a la administración municipal encabezada por Berenice Carrillo Macario de incurrir en presuntas irregularidades durante los procedimientos de inspección y clausura de establecimientos, al señalar que primero les permiten trabajar mientras gestionan sus permisos y posteriormente ordenan el cierre de sus locales por carecer de la documentación correspondiente.
Los afectados sostuvieron que las autoridades municipales han retrasado la expedición de licencias de funcionamiento y refrendos, situación que, afirmaron, los coloca en una condición de vulnerabilidad administrativa. De acuerdo con sus testimonios, los operativos involucran a inspectores y elementos de seguridad pública, quienes acuden a los comercios para colocar sellos de suspensión, incluso cuando los propietarios aseguran haber iniciado los trámites solicitados.
Entre las pruebas presentadas por los denunciantes se encuentran grabaciones de procedimientos efectuados en distintos establecimientos. En un video fechado el 2 de octubre se observa a personal con identificaciones oficiales y sellos de suspensión, acompañado por al menos dos patrullas municipales. Los afectados señalaron que uno de los inmuebles pertenece a una familia que mantuvo su actividad comercial durante seis años y que, según su versión, cumplía con el pago de impuestos y derechos antes de enfrentar estas restricciones.
También reportaron el caso de un negocio que llevaba apenas quince días abierto cuando fue clausurado, pese a que sus propietarios afirmaron haber recibido indicaciones verbales de que podían operar mientras concluía la gestión de sus documentos. Los comerciantes cuestionaron que las dependencias municipales no mantengan criterios uniformes para autorizar el funcionamiento de los establecimientos. Otra denuncia corresponde a una tienda de abarrotes que permaneció cerrada durante casi siete meses después de una revisión realizada a principios de año. Sus responsables aseguraron que entregaron la documentación requerida desde julio, pero continuaron sin obtener la liberación del local. Además, atribuyeron al área de Protección Civil la retención del visto bueno necesario para completar la regularización, presuntamente por instrucciones de mandos superiores.
Los inconformes también cuestionaron que otros establecimientos de la misma zona continúen abiertos, mientras sus negocios permanecen suspendidos. Consideraron que esta diferencia de trato amerita una revisión de los procedimientos, los criterios de inspección y los motivos asentados en cada expediente.
