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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La posibilidad de que Patricia Arévalo Rubio suceda a su esposo, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, en la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza coloca bajo escrutinio una práctica recurrente en la política mexicana: intentar conservar el control de los gobiernos mediante candidaturas de familiares cercanos. Aunque todavía no existe una postulación oficial confirmada, la aspiración de la presidenta honoraria del DIF ya forma parte de la discusión rumbo a las elecciones de 2027.
El interés de Arévalo quedó expuesto en una declaración publicada el 7 de septiembre, en la que reconoció que le interesa competir y continuar con lo realizado en el municipio. La expresión alimentó las versiones sobre una eventual candidatura que permitiría al actual alcalde mantener influencia política después de concluir su administración. A este escenario se suman publicaciones sobre espectaculares y bardas con su imagen y nombre, así como un video difundido en septiembre en el que Rodríguez habría pedido que la figura de su esposa se promoviera en distintos puntos de Atizapán.
La coincidencia entre esas acciones y la proximidad del proceso electoral plantea interrogantes sobre los límites entre la difusión institucional y la construcción de una plataforma personal. La preocupación no consiste en que una persona tenga vínculos familiares con un gobernante, sino en determinar si esa relación le proporciona ventajas derivadas del cargo, de los recursos públicos o de la exposición generada por las instituciones municipales.
El DIF tiene una función asistencial y su estructura debe servir a la población, no convertirse en un mecanismo para favorecer proyectos de continuidad política. El caso también llegó al ámbito electoral. Se ha informado que el Tribunal Electoral del Estado de México ordenó reponer actuaciones y ampliar diligencias en un procedimiento relacionado con presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.
Esa determinación no constituye una sanción definitiva, por lo que corresponde revisar el expediente y las resoluciones posteriores antes de atribuir responsabilidades. En las mediciones de Rubrum de septiembre, Arévalo obtuvo 38.1 por ciento entre los perfiles considerados por el PAN para la alcaldía, frente a 45.3 por ciento de Anuar Azar. Los resultados reflejan que ambos aparecen en la discusión interna, pero no representan una designación oficial ni garantizan una candidatura.
El fondo del debate es político y social: cuando la sucesión se concentra en personas cercanas al gobernante, crece la percepción de que los cargos públicos pueden transmitirse dentro de un mismo círculo. Esa posibilidad alimenta las críticas al nepotismo y a la ambición por conservar posiciones desde las cuales se administran presupuestos, programas y decisiones que afectan a miles de habitantes. Rodríguez deberá responder por la actuación de su gobierno y garantizar que los recursos municipales se mantengan al margen de cualquier proyecto electoral.
