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JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.– De 177 mil expedientes laborales rezagados, quedan alrededor de 65 mil en proceso: son 112 mil asuntos menos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), informó su presidente, Eleazar Rubio Andarán, en entrevista con Diario Basta.
Cerca de 40% de las conclusiones se apoyan en la conciliación, mientras que entre los casos todavía identificados existe uno que se remonta hasta 1988.
Las cifras muestran el tamaño de la carga acumulada durante décadas. En 2012 había alrededor de 75 mil asuntos rezagados; para 2018 ya sumaban 95 mil y, después de la pandemia, llegaron a aproximadamente 155 mil. Antes de que la Junta dejara de recibir nuevos asuntos, el 2 de octubre de 2022, entraron 22 mil expedientes adicionales, lo que elevó el cúmulo a 177 mil casos.
Con la entrada en vigor del nuevo modelo laboral, los conflictos pasaron a los tribunales del Poder Judicial, mientras la Junta quedó encargada de sacar adelante la montaña de expedientes heredados. Para meter orden, se implementó una plataforma que permite conocer la ubicación y situación jurídica de cada expediente, quién lo tiene asignado y cuánto tiempo dispone para realizar las actuaciones correspondientes.
El objetivo es cerrar espacios a irregularidades como extravío de expedientes, alteraciones en promociones o retrasos injustificados. Cuando vence un plazo, el sistema genera alertas que permiten detectar dónde se está atorando un procedimiento. La limpieza también alcanzó los archivos: alrededor de 50 mil expedientes fueron enviados al archivo de concentración y posteriormente al Archivo General.
Rubio reconoció que la Junta opera con menos recursos humanos y presupuestales, mientras debe sacar adelante 65 mil asuntos de distinta complejidad. Una de las armas principales para acabar con el rezago es la conciliación, que aporta aproximadamente 40% de las conclusiones al permitir convenios sin esperar el final de juicios prolongados.
La antigüedad de algunos casos refleja la dimensión del problema: existe un expediente que data de 1988. Para acelerar el cierre, la Junta estableció indicadores específicos y proyectó hasta 220 mil audiencias en un año.
Finalmente, Rubio Andarán sostuvo que el siguiente objetivo es terminar con el rezago histórico mediante mayor control, profesionalización y conciliación, con la apuesta de que los trabajadores no tengan que esperar años para cerrar un conflicto laboral que golpea directamente la economía de sus familias.
