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El país infectado por los carteles

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Por López Betancourt

Para nuestro país ha sido verdaderamente dramática la lucha que, al parecer, resulta estéril contra la infinidad de grupos delictivos. Se han convertido en el azote de la población, la cual vive bajo un temor fundado, una evidente incertidumbre y una angustia sin precedentes.

Se hacen grandes esfuerzos, pero, a pesar de ello, los avances para lograr la ansiada tranquilidad de la sociedad han resultado, insistimos, insuficientes.

Lo más grave del asunto es que importantes sectores gubernamentales se encuentran coludidos con los cárteles. Por ello se reclama una acción más intensa y contundente, donde sin duda lo dicho por las autoridades del país vecino mantiene sustento en cuanto a que se debe actuar contra la infinidad de narco políticos que proliferan en todo el territorio. En este tema hay gobernadores de por lo menos 20 estados a quienes es necesario sustituir. Para los grandes males, en igual dimensión, soluciones drásticas, sin miramientos.

Desaparecer los poderes en esos estados, donde predomina la actividad de las mafias, debe realizarse sin contemplaciones; en cuanto ello suceda, el Gobierno federal logrará un aplauso generalizado y un apoyo incuestionable, ya que, en realidad, la mayor parte de los habitantes se encuentra en las condiciones más dramáticas de permanente inseguridad. Por supuesto, el ejemplo de El Salvador no es del todo desdeñable ni digno de descalificación, pero no es posible tratar a los delincuentes de alta peligrosidad con tanta generosidad y con un marco jurídico que los favorece. El notable penalista Günther Jakobs ha expuesto su teoría sobre tratar a los delincuentes profesionales como “enemigos sociales”. Al final de cuentas, no se puede seguir con una política donde la prudencia no ha dado resultados.

Empecemos por evaluar con seriedad sanciones ejemplares a los narco políticos. El Gobierno federal deberá tomar cartas en el asunto, de manera urgente y sin titubeos, para que la autoridad cumpla con su altura de miras. En definitiva, la propia presidenta de la República será la encargada de atender con urgencia el drama nacional.

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