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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) alertó sobre el déficit presupuestario de 55 mil 400 millones de pesos que las Universidades Públicas Estatales acumulan desde 2019, por lo que tal situación compromete su operación, aunado a que se da un crecimiento de la matrícula y el cumplimiento de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.
La agrupación de instituciones educativas apuntó que a los problemas por la falta de financiamiento, en la calidad educativa y en la infraestructura de los planteles, hay que sumarle temas por la falta de seguridad a la que se enfrentan los estudiantes tanto al interior como al exterior de los centros educativos, tal como se ha dado recientemente, un ejemplo es lo ocurrido en Morelos.
Por si los problemas descritos no fueran suficientes, se suma la presión por el aumento a la matrícula.
Sobre la constante disminución que se ha venido dando, señala que para 2019 se destinaron 62 mil 459 millones de pesos para la operación de 29 universidades autónomas estatales; mientras que para 2026, el gasto total para 31 universidades autónomas fue de 83 mil 281 millones de pesos. Es preciso señalar que una universidad obtuvo su autonomía en 2022 y una más fue creada en 2020.
Sobre los homicidios de dos alumnos 17 años de la Preparatoria Número 2, de la Universidad Autónoma de Morelos, la ANUIES demandó a las autoridades de justicia estatales a que esclarezcan los hechos, además que se refuercen las medidas de seguridad de todas las comunidades estudiantiles.
El organismo puntualizó que, pese a la autonomía de las universidades, no están exentas de reportar a las autoridades los casos de riesgo que se tengan en los centros educativos.
De los hechos violentos que se viven en las cercanías de los centros educativos y al interior de los mismos, señala que por contar con presupuestos insuficientes se limita en gran medida su operación, por lo que se impide establecer estrategias que sea eficaces para garantizar la protección del alumnado, quienes, en reiteradas ocasiones y en diversos puntos del país, han realizado protestas para exigir mayor seguridad y protocolos y mecanismos para salvaguardar su integridad.
