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ANA E. ROSETE
Ciudad de México.- Hidalgo concentra una parte importante de las tomas clandestinas de combustible detectadas en México. Durante el primer semestre de 2026 fueron localizadas mil 467 perforaciones en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), equivalente a 29.86 por ciento del total nacional, de acuerdo con cifras recopiladas por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), esto de acuerdo con un análisis hecho por la activista Lucía Hernández.
La cifra representa un incremento frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron mil 247 tomas clandestinas en la entidad. Cuautepec de Hinojosa concentró 439 casos entre enero y junio de este año.
El problema no se limita a las perforaciones visibles sobre los ductos. Entre junio y septiembre fueron detectados en Hidalgo 18 túneles presuntamente relacionados con la extracción ilegal de hidrocarburos. Uno de ellos, localizado en Teocalco, alcanzó 143 metros de longitud y atravesaba por debajo de vías ferroviarias y carreteras antes de llegar hasta un ducto de Pemex.
La infraestructura utilizada para el huachicol también ha dejado incidentes con derrames. En julio pasado, cinco tomas clandestinas fueron localizadas cerca de la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, en Mineral de la Reforma, donde autoridades estatales reportaron un derrame de combustible y trabajos de Pemex para controlar la emergencia y sellar las conexiones.
El impacto ambiental de estas perforaciones no es menor. Un antecedente documentado ocurrió después de la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, en enero de 2019. Un estudio realizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encontró concentraciones de hidrocarburos totales del petróleo y compuestos como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno por encima de los límites establecidos para suelo.
A la par de las tomas, continúan los aseguramientos de combustible. En días recientes fueron asegurados aproximadamente 7 mil 600 litros de hidrocarburo en Tlahuelilpan, además de vehículos, contenedores y equipo presuntamente utilizado para su manejo.
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) cuenta con procedimientos para atender sitios contaminados por actividades del sector. La regulación contempla avisos por liberaciones, derrames e infiltraciones, así como programas de remediación para sitios afectados por emergencias ambientales o pasivos ambientales.
Sin embargo, la información pública consultada no permite establecer, para el conjunto de las tomas clandestinas detectadas en Hidalgo, cuántos derrames se han producido, qué superficie de suelo ha resultado afectada, qué sitios han requerido remediación y cuántos de esos procedimientos han concluido.
El volumen de perforaciones coloca a la entidad ante un problema que rebasa el robo de combustible. Cada toma clandestina implica una intervención irregular sobre infraestructura estratégica y puede generar fugas, incendios, explosiones o contaminación de suelo y agua.
El antecedente de Tlahuelilpan mostró el alcance que puede adquirir una emergencia asociada a una perforación clandestina. El Centro Nacional de Prevención de Desastres documentó que la explosión de enero de 2019, provocada por una toma clandestina, dejó 137 personas fallecidas.
Con mil 467 tomas detectadas en sólo seis meses, el fenómeno en Hidalgo ya representa un problema permanente de seguridad y también de impacto ambiental. La respuesta oficial ha incluido clausuras, aseguramientos y destrucción de infraestructura clandestina, pero el seguimiento ambiental de los sitios afectados requiere información que permita conocer qué ocurrió con el suelo, el agua y los hidrocarburos liberados después de cada intervención.
