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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Fiscalía General de Baja California otorgó contratos por más de 200 millones de pesos a Inteliproof Efficient, empresa que posteriormente fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.
La información forma parte de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que documentó los contratos otorgados a Inteliproof Efficient mediante la revisión de registros de contratación pública y documentos del Registro Público de Comercio. La investigación identificó los vínculos de la empresa con personas incluidas posteriormente en las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las contrataciones se realizaron entre 2022 y 2025, durante las gestiones de los fiscales generales Ricardo Iván Carpio Sánchez y María Elena Andrade Ramírez.
Carpio Sánchez estuvo al frente de la Fiscalía desde enero de 2022 hasta agosto de 2023. Andrade Ramírez asumió el cargo el 23 de agosto de ese año, por lo que los contratos con Inteliproof abarcaron ambas administraciones.
La empresa fue contratada para una amplia variedad de servicios y suministros, entre ellos conservación y mantenimiento de inmuebles, adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, uniformes y equipo táctico, además de un software de inteligencia para reconocimiento facial.
El caso adquirió una nueva dimensión después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadunidense, incluyera a Inteliproof Efficient en su lista de personas y empresas sancionadas.
De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la compañía fue utilizada para canalizar recursos en beneficio de René Arzate García, “La Rana”, señalado por autoridades estadunidenses como integrante del Cártel de Sinaloa y operador de una estructura criminal en Tijuana.
Entre los sancionados también aparecen Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, socio de Inteliproof, y Carlos Villela Gómez Santelices, quien figura como apoderado legal y representante de la compañía en contratos gubernamentales.
Los contratos de la Fiscalía, algunos financiados con recursos federales destinados a seguridad, colocaron a la empresa como proveedora de una de las principales instituciones encargadas de combatir al crimen organizado en Baja California.
