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JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.— Morena acomodó sus 17 piezas rumbo a las gubernaturas de 2027, pero con las coordinaciones también regresaron expedientes y controversias que opositores, adversarios internos y actores políticos han colocado sobre la mesa: denuncias por presuntos actos anticipados, cuestionamientos administrativos, señalamientos sobre recursos públicos, pugnas partidistas y escándalos.
El PRI incluso denunció ante el INE a varios coordinadores por supuesto posicionamiento anticipado y pidió revisar el origen de los recursos utilizados en sus actividades.
En Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, docente, abogada, exdiputada y excandidata a gobernadora, vuelve a encabezar el proyecto morenista. Ha enfrentado denuncias electorales del PAN por presuntos actos anticipados; sin embargo, en procedimientos de 2022 los tribunales determinaron la inexistencia de esas infracciones.
Baja California quedó en manos de Julieta Ramírez, senadora y exdiputada federal, tras una disputa interna acompañada de inconformidades por el método de selección. En Baja California Sur, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, diputado federal con licencia e hijo del exgobernador Leonel Cota, carga con críticas opositoras por su parentesco político y su “chapulinismo”.
En Campeche, el exalcalde de Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus enfrenta cuestionamientos derivados de observaciones administrativas y críticas a contratos y manejo municipal. Para Chihuahua, Morena eligió al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, exsenador y expanista.
Su nombre apareció años atrás en investigaciones de la Fiscalía estatal sobre la llamada “Nómina Secreta” del exgobernador César Duarte, señalamientos que ha negado.
En Colima, la senadora Rosa María “Rosi” Bayardo llega tras enfrentamientos políticos con otros grupos de izquierda, entre ellos el encabezado por Griselda Martínez. Guerrero será coordinado por Beatriz Mojica, exsecretaria estatal de Desarrollo Social, dirigente perredista y candidata a gobernadora; su pasado en el PRD y su respaldo a Ricardo Anaya en 2018 han sido utilizados por críticos internos para cuestionar su incorporación a Morena.
Para Michoacán fue designado Carlos Torres Piña, exdiputado, exsecretario de Gobierno y fiscal estatal, cuya trayectoria incluye su paso del PRD a Morena y cuestionamientos opositores por el manejo político de movilizaciones durante su estancia en el gobierno estatal.
En Nayarit, la senadora Jasmine Bugarín, con antecedentes en PRI y PVEM, enfrenta críticas por sus cambios partidistas y resistencias internas a su designación. En Nuevo León, Clara Luz Flores, exalcaldesa de Escobedo y excandidata a gobernadora, carga con uno de los episodios más conocidos: durante la campaña de 2021 apareció un video de una conversación que sostuvo años antes con Keith Raniere, fundador de NXIVM, posteriormente condenado en Estados Unidos.
Flores reconoció entonces haber participado en cursos de la organización, aunque rechazó pertenecer a la secta.
Querétaro tendrá como coordinador a Santiago Nieto, exfiscal electoral, exjefe de la UIF y exdirector del IMPI. Su principal controversia ocurrió en 2021, cuando renunció a la UIF después de la polémica generada por su boda en Antigua, Guatemala.
En Quintana Roo, el senador y exsecretario de Finanzas Eugenio “Gino” Segura enfrenta ataques de toda la oposición al ser considerado el candidato más fuerte y mejor posicionado. San Luis Potosí será encabezado por Elí César Cervantes, senador y operador territorial, cuya actividad política ha provocado confrontaciones con adversarios.
En Sinaloa, la senadora Imelda Castro ha recibido críticas opositoras por sus posicionamientos frente a la crisis de violencia; mientras que en Sonora, Lorenia Valles, senadora y exdirectora del DIF, enfrenta las disputas internas propias de la sucesión estatal.
En Tlaxcala, la expresidenta del Senado Ana Lilia Rivera llega precedida por confrontaciones legislativas con la oposición durante su conducción de la Cámara alta. Finalmente, en Zacatecas, la senadora y exdelegada de Bienestar Verónica Díaz, vinculada políticamente al grupo de los Monreal, enfrenta cuestionamientos opositores sobre el peso electoral de la estructura territorial construida durante su paso por los programas federales.
