61 lecturas
Por Eduardo López Betancourt
Sin duda, uno de los cargos más “apetecibles” para los abogados, es el anteriormente denominado: Procurador General de Justicia y que hoy corresponde al Fiscal General de Justicia, tanto a nivel federal como local.
Conocí a la licenciada Ernestina Godoy Ramos hace exactamente ocho años, cuando recién se le nombró Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. En ese entonces me presenté con ella por un asunto profesional que, de manera indebida, había sido enviado al archivo. Durante aquella entrevista me explicó con absoluta claridad, que el derecho penal no era su especialidad, que su trayectoria estaba más vinculada a la política y que su permanencia en ese puesto sería en principio, temporal.
Tiempo después, acudí otra vez con ella por un tema personal; había sido objeto de una difamación particularmente grave. Acompañado de mi esposa, expuse el caso y nuevamente me manifestó que el derecho penal no era su campo, ni una materia de su singular predilección, pero que se hallaba al frente de la institución para cumplir una encomienda política.
Mis argumentos, sin embargo, resultaron insuficientes, fue necesario ir a instancias federales y promover un amparo para demostrar plenamente mi inocencia ante tal infamia.
Sobre lo aquí referido, me quedó una impresión que hoy, a la luz de lo ocurrido en la Fiscalía, considero inevitable plantear: ¿por qué insiste Ernestina Godoy en desempeñar una responsabilidad que, por sus propias palabras, nunca fue parte de su especialización, ni de su interés? No cuestiono que siga instrucciones políticas, precisamente por ello, también debería existir el momento de actuar con dignidad y reconocer cuando un cargo exige preparación, experiencia, capacidad y vocación que no corresponden al perfil de quien lo ocupa.
México no puede seguir improvisando en organismos fundamentales como la Fiscalía General de la República, donde se requieren profesionales de alto nivel para enfrentar los enormes desafíos que actualmente existen en el rubro de la seguridad y la procuración de justicia.
