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Eduardo López Betancourt
Es una realidad documentada
Por años en México, la palabra “narcopolítica” fue utilizada como insulto. Hoy es un expediente abierto. No se trata de una teoría de conspiración, sino de una realidad documentada en distintos casos; el crimen organizado necesita policías, permisos, rutas y silencio; algunos políticos requieren dinero, operadores regionales y votos. Cuando esos intereses se cruzan, aparece el “narcopolítico”, un personaje sin convicción.
En 2026, las acusaciones y detenciones de funcionarios por presuntos vínculos con la delincuencia, volvieron a colocar el tema en el centro del debate nacional. El Gobierno federal informó que, durante la administración de Claudia Sheinbaum, han sido detenidos 85 empleados públicos y ex dignatarios, incluidos siete presidentes municipales en el cargo. El asunto ha provocado incriminaciones cruzadas entre partidos. Desde la oposición se habla de “narco estado” o “narco partido”; desde Morena se recuerda que análogamente hubo funcionarios de otros gobiernos involucrados con el narcotráfico, verbigracia Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos.
La historia mexicana registra señalamientos contra priistas, panistas, perredistas, verde ecologistas, emecistas y morenistas. El crimen organizado no tiene lealtad partidista, negocia con quien posee autoridad en determinado territorio y momento. Por eso, abreviar el problema a “son los de Morena” o “eran los del PRIAN”, simplifica una realidad mucho más profunda. La infiltración criminal puede ser transversal.
La narcopolítica rara vez deja una factura; las investigaciones pueden apoyarse en testimonios de delincuentes, grabaciones, transferencias, y otras evidencias que deben ser corroboradas judicialmente. Las diferencias entre los sistemas legales de México y Estados Unidos también explican parte de las disputas sobre qué constituye prueba suficiente.
Los narcopolíticos no son una ideología, sino la expresión de una relación perversa entre poder público y crimen organizado. Quien delinque debe responder ante la justicia, con averiguaciones, pruebas, juicio y sentencia.
Mientras nosotros discutimos por colores, quienes realmente se benefician de la corrupción seguirán actuando con indiscreción e impunemente.
