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Columna
Diana Sánchez Barrios
La palabra dignidad humana aparece constantemente en los discursos políticos, en las constituciones, en los tratados internacionales y en las sentencias judiciales. Se habla de vivir con dignidad, de morir con dignidad, de proteger la dignidad de los sectores vulnerables excluidos de la sociedad, así como de garantizar la dignidad de las personas trabajadoras, de las mujeres, de las personas migrantes o de quienes viven en condiciones de extrema precariedad. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntar qué significa realmente este concepto que parece sostener buena parte del edificio ético y jurídico de las democracias contemporáneas.
La dignidad humana es, ante todo, la idea de que toda persona posee un valor que no depende de su riqueza,de su origen, de su nacionalidad, de su religión, de su orientación sexual, de su identidad de género, de su edad, de su productividad o de cualquier otra condiciónespiritual o material. Además, la dignidad es un valor que no puede comprarse, venderse o sustituirse. Por ello, toda persona merece ser tratada con respeto y nunca como un simple instrumento para los fines de otro. Aunque en nuestros días estas ideas parecen muy evidentes, no debemos olvidar que ellas son el resultado de una larga evolución histórica del pensamiento y de las instituciones en materia de los derechos humanos.
La idea de la dignidad humana en su conceptualización moderna llegó con el filosofo Immanuel Kant, quien afirmaba que las cosas tienen precio porque pueden intercambiarse por otras equivalentes; en cambio las personas tienen dignidad porque son capaces de actuar libremente, de tomar decisiones morales y de darse así mismas principios de conducta. De aquí el filósofo alemán establece uno de los imperativos categóricos más importantes de todos los tiempos y que establece la necesidad de tratar siempre a las personas como fines en sí mismas y nunca únicamente como medios para alcanzar otros objetivos. Estas ideas transformaron profundamente la manera de entender la política y el derecho en nuestras sociedades.
Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional comprendió que era necesario construir un principio ético capaz de impedir que los seres humanos fueran reducidos a objetos de poder. Por ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza afirmando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Desde entonces la dignidad se convirtió en el fundamento de los derechos humanos contemporáneos. No obstante, la dignidad no es solamente un concepto jurídico. También constituye una exigencia política.
Una sociedad puede reconocer formalmente la dignidad de todas las personas y, al mismo tiempo, tolerar condiciones de pobreza extrema, discriminación, violencia, exclusión o explotación que la contradicen en la práctica. La dignidad de las personas exige mucho más que un reconocimiento abstracto, ella reclama condiciones reales para desarrollar un proyecto de vida libre. La dignidad humana existe realmente cuando las instituciones, las leyes y las relaciones sociales hacen posible que cada individuo sea tratado como un igual.
