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ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.– Mientras el diputado federal y vocero del PAN, Federico Döring, exige al gobierno “entregar a la justicia” a los llamados “narcopolíticos” de Morena, la historia reciente de su propio partido también incluye funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Döring afirmó que el partido del oficialismo debe cortar con funcionarios que, según sus acusaciones, “ayudan y empoderan” al crimen organizado y pidió investigar a personajes como Adán Augusto López, Alfonso Durazo y Alfredo Ramírez Bedolla y otros integrantes o exintegrantes de gobiernos morenistas.
Sin embargo, uno de los casos más graves de corrupción y narcotráfico en la historia reciente de México ocurrió precisamente durante gobiernos emanados del PAN.
Genaro García Luna, quien fue director de la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Vicente Fox y secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue declarado culpable en Estados Unidos de participar en una empresa criminal continua, conspiraciones relacionadas con tráfico internacional de cocaína y otros delitos.
En octubre de 2024, un juez federal estadounidense lo sentenció a 460 meses de prisión y una multa de dos millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa y utilizó sus cargos para facilitar el tráfico de drogas, proporcionar información de inteligencia y permitir el paso de cargamentos.
El expediente también estableció que, durante su gestión, elementos de la Policía Federal actuaron como escoltas del cártel y facilitaron operaciones relacionadas con cargamentos de cocaína.
Otro caso que alcanza directamente a un político panista es el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El exmandatario enfrenta una orden de aprehensión relacionada con acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En febrero de 2026, la Suprema Corte revocó un amparo que había frenado dicha orden.
Además, en septiembre de 2026 surgieron nuevos señalamientos relacionados con Sergio Carmona, empresario identificado con el contrabando de combustible, quien obtuvo contratos durante la administración de Cabeza de Vaca. Una exsecretaria de Salud estatal acusó al exgobernador de haberle ordenado asignar contratos a empresas vinculadas con Carmona; Cabeza de Vaca rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una persecución política.
Los casos son distintos y no tienen el mismo estatus jurídico. Mientras García Luna fue condenado en Estados Unidos, las acusaciones contra Cabeza de Vaca continúan siendo materia de procesos y controversia jurídica.
Pese a ello, el discurso de Döring coloca nuevamente al PAN como acusador de una supuesta infiltración del crimen organizado en la política mexicana, sin que en su posicionamiento hiciera referencia a los casos que han involucrado a funcionarios vinculados con administraciones panistas.
