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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Integrantes del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM) se manifestaron el jueves frente a la Secretaría del Trabajo, en Toluca, para acusar a la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Alma Juárez Bautista, de presuntamente utilizar elementos policiacos para inhibir sus reclamos laborales.
Luis Zamora Calzada, secretario general de la organización, relató que una comisión acudió al Tribunal el 18 de agosto para solicitar una audiencia. Según su versión, la funcionaria no recibió a los representantes y, en cambio, permitió el ingreso de agentes al inmueble. Para el dirigente, el despliegue tuvo una intención intimidatoria contra quienes buscaban plantear inconformidades sobre varios procedimientos.
El vocero aseguró que el gremio conserva fotografías y otros elementos para respaldar su dicho. Con esas evidencias solicitó la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y una revisión del comportamiento de la titular. Cuestionó que una institución encargada de resolver conflictos entre trabajadores y autoridades recurra a cuerpos de seguridad ante una petición de diálogo. Zamora Calzada responsabilizó públicamente a Juárez Bautista de cualquier represalia, agresión o perjuicio contra los afiliados.
También externó temor de que los expedientes bajo resguardo de la instancia sean identificados, retrasados o resueltos con criterios adversos debido a la inconformidad. La advertencia exhibe el nivel de desconfianza hacia una autoridad obligada a conducirse con independencia e imparcialidad. El SUMAEM afirmó que persisten deficiencias en la impartición de justicia laboral, demoras y determinaciones que afectan el derecho colectivo.
Por ello, exigió investigar lo ocurrido, proteger el debido proceso y evitar actos de presión contra quienes tramitan asuntos ante ese órgano. El señalamiento exige una respuesta puntual. El silencio oficial impide aclarar quién solicitó la intervención policial, con qué justificación y bajo qué protocolo actuaron los uniformados. Hasta el cierre de esta edición, el Tribunal no había fijado una postura ni informado si abriría una indagatoria interna.
